El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso un modelo homologado de unidades estatales de supervisión de medidas cautelares y un modelo nacional de policía de seguridad procesal, en el marco de la XL Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
"El objeto de esta tarea es proporcionar a las partes información sobre: evaluación de riesgo y que la autoridad tenga acceso a sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información además de contar con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que se vuelven tan importantes en este momento de la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio", explicó.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario capitalino expuso que existen 29 unidades de medidas cautelares con características no homologadas, que deben revisarse y adecuarse para su correcto funcionamiento.
Afirmó que establecer un modelo nacional de policía de seguridad procesal es fundamental para garantizar las necesidades normativas, estructurales y operativas que salvaguarden la integridad de las partes con base en elementos tácticos que permitan el efectivo manejo y resguardo de los indicios.
"Esta policía es un eslabón fundamental, muy importante en la cadena de custodia de las pruebas para los llamados juicios orales", apuntó.
Detalló que también es necesario revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales, homologar los servicios periciales y actualizar normas en conflicto con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la impunidad.
"Todo implica un esfuerzo coordinado de método y, por supuesto, de aplicación de recursos. Debemos evitar a toda costa subejercicios en los municipios. Debemos ayudar a fortalecer capacidades de respuesta y de coordinación", dijo.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, coincidió con las propuestas del Jefe de Gobierno y celebró que en esta sesión se acordara la creación de un modelo nacional de policía de seguridad procesal y un esquema para supervisar las medidas cautelares en los estados.
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