* Tienen la atribución de solicitar estos datos, ya que no se vulnera la comunicación privada de los usuarios * Utilizar esta estrategia permitirá combatir la delincuencia de manera más eficiente * Se ha dejado esta tarea únicamente a los jueces federales |
Es necesario que los Jueces de Control locales asuman la competencia que les otorga el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y apliquen su derecho de solicitar la información de la localización geográfica, en tiempo real, de dispositivos móviles o la entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, consideró el Procurador General de Justicia capitalino, Rodolfo Fernando Ríos Garza, durante su intervención en el segundo y último día de actividades del Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia 2016.
El abogado de la Ciudad de México subrayó que también los Magistrados de las Salas Penales deben coincidir con dicho criterio al momento de resolver las impugnaciones que en su momento pudieran darse. De igual manera, dijo, se estima que este criterio debe permear en los jueces o tribunales de enjuiciamiento al momento de valorar la información que derive de la decisión tomada por los Jueces de Control.
Expuso que en México, la delincuencia es uno de los problemas más grandes por combatir por parte de los gobiernos federal y locales, puesto que la comisión de hechos delictivos, particularmente los de alto impacto, trascienden de manera modular en la sociedad, lacerando el núcleo de la familia a través de la afectación de sus bienes jurídicos, entre otros los de la libertad.
Enfatizó que entre las medidas de inteligencia para desarticular a bandas delictivas se encuentra la intervención de los sistemas de comunicación, logrando con ello anticipar los movimientos y las conductas delictivas, formando un mapa de trazado geográfico con la finalidad de conocer los patrones de actuación de estas organizaciones.
Al respecto, recordó la controversia que surgió en la interpretación y aplicación de los cuerpos normativos, al considerar, en un primer en momento, que el Ministerio Público tendría la facultad para solicitar la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles o la entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones.
Sin embargo, precisó que se advirtió la necesidad de no utilizar el actuar de la autoridad ministerial para la entrega de esta herramienta, por lo que en un segundo momento se decidió que fuera la autoridad judicial la que se encargara de hacer las solicitudes de información requerida.
En la Ciudad de México, expuso, la problemática sobre este tema se presenta cuando los Jueces de Control locales se declaran incompetentes para atender la solicitud que le formula el agente del Ministerio Público, respecto a la emisión de oficio dirigido a las compañías concesionarias de telecomunicaciones para la localización geográfica en tiempo real de algún equipo móvil o para la obtención de datos conservados por éstas.
Lo anterior, por considerar que es un asunto de competencia de los jueces federales, como si se tratara de la intervención de comunicaciones privadas, siendo que son figuras diferentes.
"A juicio de la procuraduría de la Ciudad de México, la correcta apreciación del artículo 303 del código señalado es que corresponde a los jueces locales atender la solicitud ministerial referida; se considera que la interpretación judicial derive de una equiparación entre la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y la localización geográfica, en tiempo real, de algún equipo de comunicación móvil.
"En el primer caso, la competencia se surte en favor de los jueces federales; mientras que en el segundo supuesto, la competencia corresponde tanto a un juez federal como local, dependiendo de la autoridad ministerial que realice la investigación o razón del delito", apuntó Ríos Garza.
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