Modificaciones al TUA para grupos aeroportuarios cambia condiciones del mercado aéreo
*Se deberá aplicar para el AICM y AIFA reprochan GAP, OMA y Asur
Lino Calderón
Tras la firma de un decreto presidencial la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) cambió de última hora una serie de disposiciones en materia de regulación tarifaria para los grupos aeroportuarios que operan en el país, esto representa que en el corto plazo se transforme el mercado aéreo y demás servicios complementarios.
Así lo informaron los tres principales grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), del Centro Norte (OMA) y del Sureste (ASUR), de manera independiente en comunicados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Aunque no detallaron en qué consistieron los cambios, comentaron que se modificaron las bases de la regulación tarifaria establecidas en el Anexo 7 de los contratos de concesión celebrados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desde junio de 1998 y marzo de 1999.
En sus comunicados, cada grupo aeroportuario expresó que se encuentra analizando los posibles impactos que pudiera tener la decisión de las autoridades, tanto en términos financieros como operativos.
"Las condiciones establecidas en la presente Concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el Concesionario, de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables", puntualizó ASUR, que opera los aeropuertos de Cancún, Mérida, Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, entre otros de la región.
A inicios de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dotó de nuevas facultades a la AFAC, con el fin de garantizar la seguridad aérea nacional.
Entre los cambios destaca que la AFAC podrá efectuar la investigación administrativa y de seguridad aérea, así como imponer las medidas pertinentes y vigilar su ejecución.
También se estableció que el organismo será el encargado de autorizar a empresas, unidades administrativas o cualquier otro interesado en obtener un permiso para comenzar su formación como personal técnico-aeronáutico, así como suspender y revocar dichas autorizaciones.
Los títulos de los tres principales operadores aeroportuarios de México —Grupo Aeroportuario del Pacífico (Gap), Grupo Aeroportuario del Centro Norte (Oma) y Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur)— se han hundido este jueves hasta un 40% en el arranque de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El desplome llevó al parqué financiero a interrumpir temporalmente la negociación de estas emisoras para luego reactivarlas y a media jornada, las acciones de GAP caían un 21,6%; las de OMA 29%; y Asur un 17,3%. El batacazo para los concesionarios ocurre después de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) modificara la estructura tarifaria de los aeródromos, pero aún se desconocen los puntos finos de estos cambios en los pagos que deberán pagar los concesionarios. La incertidumbre sobre el sector también arrastró a la BMV, que cayó hasta un 4,4% a 48.501,14 puntos, su peor nivel en el año.
"Gap recibió una notificación de la AFAC, informando que ha decidido, de forma unilateral y sin previa comunicación con la compañía, modificar con efecto inmediato las bases de la regulación tarifaria establecidas en los contratos de concesión. GAP se encuentra evaluando el impacto potencial que los cambios a las bases de regulación tarifaria pueden tener en su negocio, resultados de operación y situación financiera", mencionó este concesionario que opera 12 aeropuertos en el país, donde destaca Guadalajara. Los otros dos grupos lanzaron un par de comunicados en el mismo sentido.
Las concesiones aeroportuarias fueron otorgadas a los privados desde 1998 a través de títulos para cada uno de los aeropuertos operados por Asur, Oma y Gap. De acuerdo con la ley aeroportuaria mexicana, las tarifas máximas aplicables se definen con base en un plan maestro de desarrollo que se revisa cada cinco años, pero pueden ser ajustadas por la inflación y de manera extraordinaria por el Gobierno. De acuerdo con el análisis de la medida hecha por Intercam, mientras no se conozca el impacto en el ajuste de las tarifas, es difícil estimar el impacto en sus resultados. "Pero sin duda veremos afectaciones en ingresos, márgenes y flujo de efectivo. Al mismo tiempo, es complejo dilucidar si ya están incorporadas en los precios actuales, por lo tanto, recomendamos cautela", refirió la analista Alejandra Marcos.
De acuerdo con la financiera, el aeropuerto con la menor exposición a estas modificaciones es Asur porque tiene también la concesión del aeropuerto de Puerto Rico y de algunos aeropuertos en Colombia. Para Asur, el 72% de sus ingresos provienen de México y de estos el 63.9% son regulados. En el caso de Gap el 95% de sus ingresos son provenientes de sus operaciones en México, en tanto el 76% son regulados y sujetos a las modificaciones. Finalmente, Oma tiene la mayor exposición porque el 100% de sus ingresos están en México y el 76% provienen de ingresos regulados.
Para Brian Rodríguez, de Monex, en el corto plazo, será importante evaluar si dichas modificaciones a las tarifas solo contemplan cambios a nivel de TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) o se pudiera ampliar a otras tarifas como el estacionamiento de aeronaves, el traslado de pasajeros desde la aeronave al aeropuerto y arrendamiento de espacios para terceros. "Dicha noticia es negativa para el sector, generando un importante periodo de volatilidad en el precio de las acciones. Sin embargo, será relevante conocer los detalles de las revisiones a las tarifas, lo que nos permitirá evaluar el posible impacto a nivel de ingresos aeronáuticos, la generación de flujo, así como los márgenes operativos del sector", zanjó.
En las últimas semanas, el Gobierno de López Obrador ha aumentado su injerencia en el sector al anunciar la próxima reducción de operaciones aéreas en al aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como la venta de boletos para la reactivación de la aerolínea estatal Mexicana.
Los ajustes a las bases de regulación tarifaria que el gobierno de México busca aplicar a los tres grupos aeroportuarios privados del país, supondría una afectación a la competencia en caso de no aplicarse también a los aeropuertos administrados por dependencias o entes gubernamentales.
Los cambios, informados hace un par de días a los grupos aeroportuarios del Sureste (Asur), del Pacífico (GAP) y Centro Norte (OMA), --y que parecen apuntar a reducir la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA)-- también deberían aplicarse al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que son operador por las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena), respectivamente.
"No es piso parejo", dijo Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la división transaccional y experto en derecho aeroportuario de la firma legal Santamarina Steta, en entrevista con Axis negocios. "[es] un trato discriminatorio a los inversionistas privados".
Las modificaciones fueron informadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el regulador del transporte aéreo del país, en una decisión que además de ser inmediata, fue calificada por las tres compañías privadas como "unilateral". La poca información hecha pública provocó que las tres empresas perdiaran en conjunto aproximadamente cuatro mil millones de dólares de valor de mercado en una sola jornada, lo que representa el valor de todas las acciones de OMA hasta antes de que las empresas dieran a conocer el hecho.
Sin embargo, para cambios relacionados con lo informado por los grupos aeroportuarios, explicó el especialista, es necesario contar con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) --uno de los organismos autónomos que más ha confrontado el gobierno--, quien a su vez debería realizar un análisis sobre las condiciones de cada uno de los 33 aeropuertos controlados por los grupos.
"Si están pretendiendo reducir una tarifa, es porque están considerando que no existen condiciones razonables de competencia", apuntó. "Tampoco se vale decir reduzcámosles en 'tanto por ciento' la TUA a todos los privados, pero a los míos no".
Si bien ni la autoridad ni las empresas proporcionaron mayores detalles de los cambios, reportes periodísticos señalan que los ajustes están encaminados a reducir entre 5 y 8% la TUA, lo que los grupos aeroportuarios cobran a los usuarios de las terminales aéreas a través de las aerolíneas.
El porcentaje que el gobierno busca reducir a la TUA podría parecer pequeño, pero son cifras considerables si se toma en cuenta que los ingresos obtenidos por los grupos aeroportuarios son multimillonarias, dijo Machorro.
En lo que va de 2023, los ingresos relacionados con TUA en México representaron entre 77 y 87% de los ingresos aeronáuticos de los tres grupos aeroportuarios, o entre 47 y 54% si se comparan con los ingresos totales reportados.
Incluso GAP en su último reporte trimestral explicó el aumento de sus ingresos por aeropuertos en México a partir del aumento del tráfico de pasajeros y del cumplimiento del 99% de las tarifas máximas permitidas.
Pero además de los temas de competencia, la aplicación de los cambios también podría generar un conflicto internacional similar a los mecanismos de respuesta rápida contemplados en acuerdos comerciales, debido a que algunos de los dueños de los grupos aeroportuarios son extranjeros.
En ese caso, de acuerdo con el experto de Santamarina Steta, podrían presentarse dos escenarios: un conflicto entre Estados, o bien a través de los inversionistas extranjeros mediante un arbitraje de inversión.
"En los accionistas del concesionario sí tendrían bases para iniciar una controversia al amparo del T-MEC o de los tratados que aplican dependiendo de la nacionalidad del accionista, alegando que se trató en forma discriminada a los concesionarios privados", explicó.
No obstante, este escenario parece poco probable porque para ello los cambios deben concretarse primero, y demostrarse el daño para los inversionistas.
Algunos reportes periodísticos señalan además que las autoridades mexicanas y los grupos aeroportuarios sostendrán una reunión el próximo 9 de octubre para abordar las modificaciones.
*Se deberá aplicar para el AICM y AIFA reprochan GAP, OMA y Asur
Lino Calderón
Tras la firma de un decreto presidencial la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) cambió de última hora una serie de disposiciones en materia de regulación tarifaria para los grupos aeroportuarios que operan en el país, esto representa que en el corto plazo se transforme el mercado aéreo y demás servicios complementarios.
Así lo informaron los tres principales grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), del Centro Norte (OMA) y del Sureste (ASUR), de manera independiente en comunicados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Aunque no detallaron en qué consistieron los cambios, comentaron que se modificaron las bases de la regulación tarifaria establecidas en el Anexo 7 de los contratos de concesión celebrados con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desde junio de 1998 y marzo de 1999.
En sus comunicados, cada grupo aeroportuario expresó que se encuentra analizando los posibles impactos que pudiera tener la decisión de las autoridades, tanto en términos financieros como operativos.
"Las condiciones establecidas en la presente Concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el Concesionario, de conformidad con la Ley y demás disposiciones aplicables", puntualizó ASUR, que opera los aeropuertos de Cancún, Mérida, Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, entre otros de la región.
A inicios de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dotó de nuevas facultades a la AFAC, con el fin de garantizar la seguridad aérea nacional.
Entre los cambios destaca que la AFAC podrá efectuar la investigación administrativa y de seguridad aérea, así como imponer las medidas pertinentes y vigilar su ejecución.
También se estableció que el organismo será el encargado de autorizar a empresas, unidades administrativas o cualquier otro interesado en obtener un permiso para comenzar su formación como personal técnico-aeronáutico, así como suspender y revocar dichas autorizaciones.
Los títulos de los tres principales operadores aeroportuarios de México —Grupo Aeroportuario del Pacífico (Gap), Grupo Aeroportuario del Centro Norte (Oma) y Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur)— se han hundido este jueves hasta un 40% en el arranque de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El desplome llevó al parqué financiero a interrumpir temporalmente la negociación de estas emisoras para luego reactivarlas y a media jornada, las acciones de GAP caían un 21,6%; las de OMA 29%; y Asur un 17,3%. El batacazo para los concesionarios ocurre después de que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) modificara la estructura tarifaria de los aeródromos, pero aún se desconocen los puntos finos de estos cambios en los pagos que deberán pagar los concesionarios. La incertidumbre sobre el sector también arrastró a la BMV, que cayó hasta un 4,4% a 48.501,14 puntos, su peor nivel en el año.
"Gap recibió una notificación de la AFAC, informando que ha decidido, de forma unilateral y sin previa comunicación con la compañía, modificar con efecto inmediato las bases de la regulación tarifaria establecidas en los contratos de concesión. GAP se encuentra evaluando el impacto potencial que los cambios a las bases de regulación tarifaria pueden tener en su negocio, resultados de operación y situación financiera", mencionó este concesionario que opera 12 aeropuertos en el país, donde destaca Guadalajara. Los otros dos grupos lanzaron un par de comunicados en el mismo sentido.
Las concesiones aeroportuarias fueron otorgadas a los privados desde 1998 a través de títulos para cada uno de los aeropuertos operados por Asur, Oma y Gap. De acuerdo con la ley aeroportuaria mexicana, las tarifas máximas aplicables se definen con base en un plan maestro de desarrollo que se revisa cada cinco años, pero pueden ser ajustadas por la inflación y de manera extraordinaria por el Gobierno. De acuerdo con el análisis de la medida hecha por Intercam, mientras no se conozca el impacto en el ajuste de las tarifas, es difícil estimar el impacto en sus resultados. "Pero sin duda veremos afectaciones en ingresos, márgenes y flujo de efectivo. Al mismo tiempo, es complejo dilucidar si ya están incorporadas en los precios actuales, por lo tanto, recomendamos cautela", refirió la analista Alejandra Marcos.
De acuerdo con la financiera, el aeropuerto con la menor exposición a estas modificaciones es Asur porque tiene también la concesión del aeropuerto de Puerto Rico y de algunos aeropuertos en Colombia. Para Asur, el 72% de sus ingresos provienen de México y de estos el 63.9% son regulados. En el caso de Gap el 95% de sus ingresos son provenientes de sus operaciones en México, en tanto el 76% son regulados y sujetos a las modificaciones. Finalmente, Oma tiene la mayor exposición porque el 100% de sus ingresos están en México y el 76% provienen de ingresos regulados.
Para Brian Rodríguez, de Monex, en el corto plazo, será importante evaluar si dichas modificaciones a las tarifas solo contemplan cambios a nivel de TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) o se pudiera ampliar a otras tarifas como el estacionamiento de aeronaves, el traslado de pasajeros desde la aeronave al aeropuerto y arrendamiento de espacios para terceros. "Dicha noticia es negativa para el sector, generando un importante periodo de volatilidad en el precio de las acciones. Sin embargo, será relevante conocer los detalles de las revisiones a las tarifas, lo que nos permitirá evaluar el posible impacto a nivel de ingresos aeronáuticos, la generación de flujo, así como los márgenes operativos del sector", zanjó.
En las últimas semanas, el Gobierno de López Obrador ha aumentado su injerencia en el sector al anunciar la próxima reducción de operaciones aéreas en al aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como la venta de boletos para la reactivación de la aerolínea estatal Mexicana.
Los ajustes a las bases de regulación tarifaria que el gobierno de México busca aplicar a los tres grupos aeroportuarios privados del país, supondría una afectación a la competencia en caso de no aplicarse también a los aeropuertos administrados por dependencias o entes gubernamentales.
Los cambios, informados hace un par de días a los grupos aeroportuarios del Sureste (Asur), del Pacífico (GAP) y Centro Norte (OMA), --y que parecen apuntar a reducir la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA)-- también deberían aplicarse al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que son operador por las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena), respectivamente.
"No es piso parejo", dijo Juan Carlos Machorro, socio a cargo de la división transaccional y experto en derecho aeroportuario de la firma legal Santamarina Steta, en entrevista con Axis negocios. "[es] un trato discriminatorio a los inversionistas privados".
Las modificaciones fueron informadas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el regulador del transporte aéreo del país, en una decisión que además de ser inmediata, fue calificada por las tres compañías privadas como "unilateral". La poca información hecha pública provocó que las tres empresas perdiaran en conjunto aproximadamente cuatro mil millones de dólares de valor de mercado en una sola jornada, lo que representa el valor de todas las acciones de OMA hasta antes de que las empresas dieran a conocer el hecho.
Sin embargo, para cambios relacionados con lo informado por los grupos aeroportuarios, explicó el especialista, es necesario contar con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) --uno de los organismos autónomos que más ha confrontado el gobierno--, quien a su vez debería realizar un análisis sobre las condiciones de cada uno de los 33 aeropuertos controlados por los grupos.
"Si están pretendiendo reducir una tarifa, es porque están considerando que no existen condiciones razonables de competencia", apuntó. "Tampoco se vale decir reduzcámosles en 'tanto por ciento' la TUA a todos los privados, pero a los míos no".
Si bien ni la autoridad ni las empresas proporcionaron mayores detalles de los cambios, reportes periodísticos señalan que los ajustes están encaminados a reducir entre 5 y 8% la TUA, lo que los grupos aeroportuarios cobran a los usuarios de las terminales aéreas a través de las aerolíneas.
El porcentaje que el gobierno busca reducir a la TUA podría parecer pequeño, pero son cifras considerables si se toma en cuenta que los ingresos obtenidos por los grupos aeroportuarios son multimillonarias, dijo Machorro.
En lo que va de 2023, los ingresos relacionados con TUA en México representaron entre 77 y 87% de los ingresos aeronáuticos de los tres grupos aeroportuarios, o entre 47 y 54% si se comparan con los ingresos totales reportados.
Incluso GAP en su último reporte trimestral explicó el aumento de sus ingresos por aeropuertos en México a partir del aumento del tráfico de pasajeros y del cumplimiento del 99% de las tarifas máximas permitidas.
Pero además de los temas de competencia, la aplicación de los cambios también podría generar un conflicto internacional similar a los mecanismos de respuesta rápida contemplados en acuerdos comerciales, debido a que algunos de los dueños de los grupos aeroportuarios son extranjeros.
En ese caso, de acuerdo con el experto de Santamarina Steta, podrían presentarse dos escenarios: un conflicto entre Estados, o bien a través de los inversionistas extranjeros mediante un arbitraje de inversión.
"En los accionistas del concesionario sí tendrían bases para iniciar una controversia al amparo del T-MEC o de los tratados que aplican dependiendo de la nacionalidad del accionista, alegando que se trató en forma discriminada a los concesionarios privados", explicó.
No obstante, este escenario parece poco probable porque para ello los cambios deben concretarse primero, y demostrarse el daño para los inversionistas.
Algunos reportes periodísticos señalan además que las autoridades mexicanas y los grupos aeroportuarios sostendrán una reunión el próximo 9 de octubre para abordar las modificaciones.
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