Por: Patricia Carrasco, LA PRENSA
México es considerado un país de origen, tránsito y destino con alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas, y los factores que influyen en ello, se encuentran la migración interna o externa, la delincuencia organizada, la falta de oportunidades educativas, culturales y laborales, la discriminación, la marginación social y la desintegración familiar, entre otros.
Ante ese panorama y debido a las cifras de organismos internacionales, que aseguran que 2.5 millones de personas son captadas cada año en el mundo para fines de trata y el cometer este delito genera ganancias superiores a los 32,000 millones de dólares anuales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suma esfuerzos entre todos los actores de la sociedad en la prevención y combate de este delito.
En un comunicado, el organismo destacó que es fundamental la coordinación de acciones y la suma de esfuerzos entre todos los actores de la sociedad.
El organismo explicó que para hacerle frente al problema, además de contar con la legislación nacional, firmó y ratificó el Protocolo de Palermo, el cual insta a crear políticas públicas para prevenir el delito, proteger y asistir de manera integral a las víctimas, garantizando la protección a sus derechos humanos.
Detalló que cuenta con el Programa Contra la Trata de Personas que le permite contribuir a combatir el fenómeno de forma integral en tres áreas fundamentales: jurídica, institucional y social.
Por lo que utiliza como principales herramientas de trabajo la coordinación y la colaboración con las instituciones públicas, sobre todo con la sociedad civil.
También ha instalado 13 Comités Regionales Contra la Trata de Personas, en diferentes lugares del país.
En un comunicado, el organismo destacó que es fundamental la coordinación de acciones y la suma de esfuerzos entre todos los actores de la sociedad.
El organismo explicó que para hacerle frente al problema, además de contar con la legislación nacional, firmó y ratificó el Protocolo de Palermo, el cual insta a crear políticas públicas para prevenir el delito, proteger y asistir de manera integral a las víctimas, garantizando la protección a sus derechos humanos.
Detalló que cuenta con el Programa Contra la Trata de Personas que le permite contribuir a combatir el fenómeno de forma integral en tres áreas fundamentales: jurídica, institucional y social.
Por lo que utiliza como principales herramientas de trabajo la coordinación y la colaboración con las instituciones públicas, sobre todo con la sociedad civil.
También ha instalado 13 Comités Regionales Contra la Trata de Personas, en diferentes lugares del país.
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