Por: Noel F. Alvarado.
Los narcotraficantes Edgar Valdez Villareal "La Barbie" y Gerardo Álvarez Vásquez "El Indio", negaron haber tenido vinculo alguno con los militares retirados, detenidos y procesados en el penal del Altiplano, Estado de México entre ellos el general Tomas Angeles Dauahuare. Ello, al comparecer tras tras rejilla de prácticas en el Juzgado Tercero de Distrito, donde escucharon las acusaciones que hay en su contra en esta nueva consignación de la Procuraduría General de la República (PGR).
En tanto, familiares y abogados de los militares procesados, aseguran que la consignación de estos personajes no afecta la imagen del Ejercito Mexicano lo que deja seriamente afectada es la imagen de la Procuraduría General de la República encabezada por Maricela Morales, por que una vez más está saliendo a la luz que se trata de una investigación sin pruebas claras, pero si llena de irregularidades, con testimonios de oídas de testigos protegidos.
En tanto, Ricardo Escorcia, General de División en retiro del Ejército Mexicano denunció ante el Juez Tercero de Distrito con sede en el Estado de México, que fue obligado en la PGR a firmar una declaración en la que aceptaba tener vínculos con integrantes del cártel de Los Beltrán Leyva.
Por ello, el Juez Raúl Valerio Ramírez le tomó una nueva declaración en la que Escorcia negó vínculos con el crimen organizado y dijo que desconocía si otros generales, o personal militar, trabajaban al servicio de los cárteles de la droga.
En la audiencia celebrada ayer en el citado juzgado, también comparecieron los generales de División en retiro, Tomás Ángeles Dauahare y el brigadier Roberto Dawe González, así como el Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández.
Ellos también negaron las acusaciones que la PGR hizo en su contra, como presuntos responsables del delito de Delincuencia Organizada, en la modalidad de facilitar las actividades del narcotráfico. Durante la sesión, que duró poco más de siete horas, los cuatro militares solicitaron la ampliación del término constitucional de tres a seis días, por lo que será hasta la próxima semana cuando se determine si les dictan la formal prisión o libertad por falta de pruebas.
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