Diputados del PRD y MC reprobaron por separado que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, "reparta culpas", como lo hizo en su comparecencia de ayer, y afirmaron que la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal, no del legislativo.
Silvano Aureoles Conejo, calificó como "ridículo" que el secretario de Gobernación corresponsabilice al Congreso de la Unión en la lucha anticrimen que ha derivado en "más 100 mil muertos", ya que, agregó, la estrategia nunca fue consultada con el legislativo.
"Es una estrategia ridícula de repartir culpas, porque el Congreso hizo su parte dándole las leyes que necesitaba", dijo.
Agregó que las declaraciones de Poiré Romero no corresponden a la realidad, ya que a escasos días de haber asumido la presidencia, Felipe Calderón, hizo un despliegue militar y policiaco, vestido de militar, recorriendo Tierra Caliente, en Michoacán, y en ese contexto declaró la guerra al crimen.
"¿A quién consultó?, la Constitución dice que para declarar una guerra se requiere autorización del Congreso. Que el secretario de Gobernación no quiera curarse en salud".
En declaraciones a la prensa, Aureoles Conejo comentó que los instrumentos legales que proporcionó el legislativo han sido mal utilizados y puso como ejemplo el tema del arraigo y testigos protegidos.
"Casi todos los detenidos por la vía de testigos protegidos salen libres en el menor tiempo posible, porque todas las pruebas son endebles, en el caso del arraigo, existe una violación permanente a los derechos humanos", precisó.
El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, consideró irresponsable que el gobierno federal quiera hacer corresponsable al Poder Legislativo de los fallidos resultados de la estrategia contra el crimen organizado.
"Repartir culpas es irresponsable, toda vez que el gobierno federal ha carecido de la capacidad para armar una estrategia inteligente eficaz, que no le genere tanto dolor al país y que realmente combata al crimen organizado", indicó.
Manifestó que a pesar del cuantioso presupuesto con el que han contado los cuerpos policíacos y las instancias de combate a la delincuencia, "han sido recursos que no se han visto fructificar", pues "la guerra absurda" en la que se enfrascaron el Presidente Felipe Calderón y sus colaboradores ha generado 100 mil muertos y desaparecidos, cifras no reconocidas por el Ejecutivo.
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