Por: Noel F. Alvarado.
Se desvanece las acusaciones contra los generales procesados por delitos contra la delincuencia organizada que acusó la Procuraduría General de la República (PGR) a través de testigos protegidos, quienes señalaron que sostenían relación con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva.
Debido a ello, la PGR, puede sufrir un revés en este caso, toda vez que éstos pueden obtener su libertad.
La Procuraduría General de la República (PGR) admitió ante un juez federal que no cuenta con ninguna prueba que corrobore las declaraciones de testigos protegidos que acusaron al general Tomás Ángeles Dauahare de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.
Ángeles Dauahare, los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñóz fueron detenidos en agosto de 2012 señalados por dos testigos protegidos de tener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La semana pasada el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, admitió -de manera inédita- que no se habían podido corroborar los dichos del testigo protegido, identificado como "Jennifer" y del narcotraficante Sergio Villarreal, alias "El Grande".
Al respecto, el abogado Ricardo Sánchez Reyes-Retana, defensor del general Tomás Ángeles Dahuahare, habló este martes en entrevista"
"Hace alrededor de tres semanas esta defensa ofreció la prueba consistente en el oficio que debía rendir la hoy SEIDO por el que nos dijera con qué pruebas tiene por acreditado que los dichos de los testigos colaboradores Jennifer y Mateo eran verdad. La SEIDO desahoga un oficio que dice que no se encuentra corroborado con medio convictivo alguno los desposados (declaraciones) de los testigos colaboradores, lo que quiere decir que en su momento le dieron valor inequívoco a esas declaraciones y con eso se ejercitó acción penal en contra del general", explicó el abogado.
Ricardo Sánchez Reyes-Retana señaló que ahora dependerá del juez que lleva el asunto determinar qué sucederá con los generales que se encuentran presos en el Penal Federal del "Altiplano".
"Es preocupante que con la sola mención de estos señores protegidos respecto de actividades ilícitas del general se le hubiera procesado. Siempre insistimos con este ejemplo, si ustedes van y confiesan la comisión de un delito, esa comisión debe ser corroborada con otros elementos de prueba, con mayor razón cuando estos testigos son colaboradores miembros de la delincuencia organizada y que a cambio de su testimonio se están salvando de pasar el resto de su vida en prisión", comentó.
Ricardo Sánchez Reyes-Retana insistió en el tema de las contradicciones de los testigos protegidos.
"En su momento lo dijimos, cómo es posible que se le dé valor al testimonio del testigo Jennifer cuando dice que nunca conoció al general, que lo que sabe 'lo sabe' por referencias de un tercero y ese tercero cuando van y lo interrogan dice que no conoce al general, y cuando el testigo con clave Mateo dice que el hecho delictuoso que le imputan al general fue en julio de 2008 y acreditamos nosotros que en julio de 2008 el general estaba en Alemania, como reacción dice que pudo haber sido 2007", señaló.
El defensor del general Tomás Ángeles Dahuahare también fue cuestionado si en el caso de los militares hay implicaciones políticas que pudieran convertirlos en otros "presuntos culpables".
Se le le preguntó si el asunto no surgió luego de una reunión en Morelos entre el general Ángeles Dahuahare y el entonces candidato Enrique Peña Nieto, así como la presunta mala relación del general con el entonces secretario de la Defensa, Guillermo Galván, a quien presuntamente sucedería en el cargo en un posible gobierno priísta.
"Cuando se va a las constancias de la averiguación previa, hay la constancia de que la averiguación inicia en diciembre de 2010 con una llamada anónima, entonces no aciertan las fechas, la averiguación inició en marzo de 2010", afirmó.
El abogado explicó que ahora que la PGR admitió que no tienen pruebas que confirmen los declaraciones de los testigos protegidos, solicitaron al juez que dicte sentencia y que valore el oficio de la SEIDO para obtener una resolución absolutoria, lo cual podría ocurrir en las siguientes semanas.
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