Armando Maceda
Diputados del PRD propusieron reformar las Leyes del IMSS, ISSSTE e INFONAVIT para incorporar a los trabajadores informales, en su gran mayoría vendedores ambulantes. Señalan que en lugar de perseguirlos, se debe aprovechar su potencial de mercado y fuerza de trabajo.
Mediante iniciativa que reforma y adiciona ambos ordenamientos, los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas, Uriel Flores Aguayo y Silvano Blanco Deaquino acusaron que las autoridades de gobierno son inhumanas y represoras de estos trabajadores que hoy suman casi 30 millones.
Lo anterior, porque mientras con sus políticas económicas propician el desempleo y los orillan a sobrevivir en la informalidad, por otra los persiguen y reprimen, además de negarles cualquier derecho social, como servicio médico y vivienda para ellos y sus familiares aún, cuando estén al servicio de órganos de gobierno.
Apuntan que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay de 2.7 millones de trabajadores en desempleo abierto, más de seis millones en calidad de "disponibles" y 29.3 millones de trabajadores informales, la mayoría mujeres. Es decir, seis de cada 10 trabajadores del país son informales.
Vendedores ambulantes y participantes de negocios familiares, pero también trabajadores domésticos, jornaleros agrícolas y empleados de empresas, instituciones y gobiernos entran en esta categoría, pues aún, cuando tengan patrón, carecen de contrato y cualquier tipo de prestación social.
Aunque se les considera informales, este esfuerzo es cuanto más meritorio si se considera que muchos de quienes son orillados al desempleo quedan expuestos a actividades delictivas, la drogadicción y el tráfico de personas, pero –en su caso- optan por aportar con iniciativa y creatividad a la producción, el comercio, el consumo y la economía en general, señalaron.
Por ello, "lo ilícito no es que busquen algún camino para acceder a medios de subsistencia, sino que el Estado no otorgue el suficiente empleo formal y demás requerimientos sociales. Esto se ve aún más claro, cuando es el propio Estado o el patrón quien incorpora al trabajador a su servicio, violando abiertamente sus derechos humanos laborales", sentencian en la iniciativa.
Destaca que mientras el IMSS sólo tiene afiliados a 16.1 millones de trabajadores y el ISSSTE únicamente a 2.7 millones por las políticas laborales y económicas neoliberales instrumentadas por el gobierno, por otro lado hay millones de informales a quienes se reprime en vez de tutelar.
Los diputados propusieron que, en lugar de ello, se utilice el potencial de la informalidad como elemento para el despegue económico del país, pues por otra parte difícilmente desaparecerá por decreto. "Deben crearse las condiciones para que todos estos emprendedores accedan a la economía formal", apuntaron.
Por ello, la iniciativa plantea que el Estado aportaría de 80 a 60 por ciento para trabajadores informales independientes que perciban hasta tres salarios mínimos.
Para quienes perciban más, las aportaciones serán a partes iguales entre el trabajador y el Estado. En el caso de estos trabajadores independientes, la afiliación sería voluntaria. Si el trabajador tiene patrón, público o privado, será obligatoria y la aportación será tripartita.
La incorporación comprendería seguros de riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, guardería, y pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada.
Además, plantean que los trabajadores tengan la opción de incorporarse voluntariamente al INFONAVIT mediante el pago del cinco por ciento de aportación. Cuando presten sus servicios a un patrón, éste deberá cubrir la cantidad.
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