Armando Maceda
El diputado Miguel Alonso Raya, Vicecoordinador del PRD, pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), ante la discriminación y la violación a diversos derechos humanos de que están siendo víctima un grupo de 19 indígenas nahuas y otomíes, por parte del gobierno priísta de la capital de Guanajuato.
Los afectados denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado que desde hace cuatro meses el gobierno municipal les prohibió que caminen o vendan sus productos en el centro de la ciudad, a pesar de que han cubierto los impuestos correspondientes.
Alonso Raya dijo que la conducta de las autoridades municipales es un claro acto de discriminación, descrita en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El artículo citado establece que se entiende a la discriminación "como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas".
También señaló que la administración municipal, al prohibirle el libre tránsito y la venta de sus productos a los quejosos, y además amenazarlos por haber denunciado, incurre en diversas violaciones a sus derechos constitucionales y humanos, como los siguientes:
Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica; toda persona tiene derecho a circular libremente; todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas y toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
Por ello el diputado guanajuatense afirmó que presentará un punto de acuerdo para que la Cámara de diputados solicite la intervención de la CNDH y del CONAPRED para que apoyen la investigación que realizará la PDHG, a fin de que las tres instituciones realicen un trabajo conjunto para se haga justicia a las víctimas y les permitan el libre tránsito por la ciudad y la venta de sus productos con la que sostienen a sus familias.
Publicar un comentario