Desde San Lázaro
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, pidió a los senadores de izquierda intervenir en la minuta en materia de telecomunicaciones para que se incluya el "acceso libre" a Internet.
Aclaró que el libre acceso a Internet no significa gratuidad, sino garantizar este servicio por cualquier vía.
La Cámara de Diputados aprobó el viernes pasado el dictamen que reforma los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política en materia de telecomunicaciones y envió la minuta al Senado de la República.
En el artículo sexto se establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, pero no se precisa la gratuitad.
En un comunicado, Aleida Alavez expresó su confianza en que "los representantes populares de las izquierdas logren que el Senado asuma como suya" la propuesta de incluir el "acceso libre" a Internet, "modifiquen la minuta y este derecho se incluya en el texto constitucional y no en la ley secundaria".
Sostuvo que el Estado debería valorar la gratuidad de Internet en el corto plazo, como ya se hace en algunas ciudades de Europa donde contrata el servicio y lo abre a la población de manera gratuita; aunque "esta lucha la estaremos dando en su momento".
Respecto al derecho de las audiencias, calificó como "coja" la reforma que incluye a los usuarios de telecomunicaciones, pero excluye a los televidentes y radioescuchas de los sistemas abiertos de radio y televisión.
Buscamos una reforma de vanguardia que establezca en la ley los términos y condiciones que garanticen que se puedan ejercer los derechos de la audiencia y usuarios de la radiodifusión y las telecomunicaciones, indicó.
En el derecho de las audiencias se encuentran: la calidad de los contenidos; establecer horarios aptos para la difusión de programas o comerciales de adultos; contenidos educativos y culturales.
Así como manejo de información personal en manos de los medios; derecho de réplica, y procedimientos de quejas sobre contenidos e informaciones, que incluya la creación de una instancia que dirima estas diferencias, entre otros.
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