El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio
Vargas Fosado, compareció ante diputados de la Comisión de Asuntos
Migratorios, quienes le exigieron se ponga a trabajar y hacer una
limpia debido que subsiste la corrupción, abusos y maltrato a
migrantes.
El funcionario aseguró que una las tareas en ese sentido es la
creación del Centro de Control y Confianza al interior de esta
institución para crear una nueva generación de agentes migratorios y
que respeten los derechos humanos.
La diputada y presidente de la Comisión Amalia García Medina manifestó
su preocupación por el funcionamiento del INM, porque la seguridad de
los migrantes y garantizar el respeto de sus derechos humanos y de sus
familias es una prioridad, ya que México es un país de tránsito,
destino, retorno y origen de migrantes.
Señaló que en las estaciones migratorias subsisten prácticas de abuso,
maltrato, falta de calidad y cantidad de alimento; así como el tiempo
de retención en estas estaciones, por lo que se debe enfatizar la
información que se dé a los migrantes sobre sus derechos y revisar las
condiciones de las estaciones, para evitar el hacinamiento.
Además, destacó que existe el reto de no criminalizarlos. "Es un
problema que debe formar parte de las políticas de los Estados
nacionales en relación con su seguridad interna", pues, dijo, los
trabajadores migrantes indocumentados no son un riesgo a la seguridad
interna del país, lo cual es un "enfoque equivocado".
Afirmó que se requiere una política de Estado que ponga en el centro
su no criminalización, así como establecer una relación con los países
de origen para ver qué políticas y acciones pueden desplegar
conjuntamente para generar una zona de crecimiento y desarrollo común
donde haya inversión productiva, empleo, educación, salud,
oportunidades y condiciones para que todo mundo crezca, en lugar de
políticas persecutorias y policiacas.
Propuso que el INM elabore protocolos de actuación con los migrantes
que establezcan cuál debe ser el trato y la conducta con mujeres
embarazadas; adultos mayores; enfermos que requieren atención médica;
con niños, niñas y adolescentes, lo cual implicará la colaboración con
otras instituciones.
Del PAN, el diputado Raúl Gómez Ramírez coincidió en la preocupación
respecto de las acciones que se contemplan para mejorar las
condiciones de las estaciones migratorias para garantizar y no
violentar los derechos humanos de quienes se encuentran ahí. Además
sobre la detección de personas relacionadas con el crimen organizado y
quienes se dedican a la trata de personas.
A su vez, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) afirmó que
el tema de la política migratoria en México no se aborda
adecuadamente, pues parecería que se recrudece la visión policiaca a
un tema tan importante como el de la migración cuando la ley establece
que la protección de los derechos humanos de estas personas es una
prioridad.
Dijo que presentará una iniciativa para dar autonomía al INM para que
pueda operar con todos los elementos presupuestarios para atender la
problemática actual.
En su intervención, Vargas Fosado reconoció lo los reclamos que en la
ruta del migrante hay asaltos, secuestros, "pero no tengo autorización
para portar armas ni quiero. He sido policía sin portar armas; soy más
peligroso con una pluma y un papel que con una R15", enfatizó.
Planteó integrar a todas las instituciones relacionadas con la
seguridad pública, en un esquema de coordinación, que incluya al
Ejército, Fuerzas Armadas y fiscales especializados para hacer un
análisis completo del país y orientar los esfuerzos a través de grupos
de coordinación local.
Reconoció que el rezago en trámites es un foco de corrupción, por lo
que resaltó la importancia de impulsar la reestructuración del INM
para atender esta situación.
Indicó que en 2012 ingresaron al país más de 24 millones de personas,
de los cuales más de 19 millones fueron extranjeros y cinco
nacionales; se ingresaron 510 mil 535 trámites migratorios al INM, se
concluyeron 95.2 por ciento.
Se recibieron 13 mil 589 menores mexicanos repatriados desde Estados
Unidos, al primer trimestre de 2013 se han repatriado dos mil 646, de
los cuales dos mil 164 fueron menores no acompañados.
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