Aprueban crear la Ley de Responsabilidad Ambiental, incluye la reparación de daños

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la
diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM), aprobó la minuta que
crea la Ley de Responsabilidad Ambiental, con el objetivo de
establecer el concepto de daño ambiental y la obligatoriedad de
repararlo.

La diputada señaló que no existía en ninguna de las normas ambientales
el concepto de daño ambiental y esta ley permitirá conceptualizarlo y
precisar la especificidad de reparación de daño ambiental.

Explicó que reparar el daño ambiental es un avance de gran importancia
porque normalmente ante una afectación a un ecosistema, cuando se
identifica quién la ocasiona, termina en una sanción económica,
suspensión o clausura, pero el daño ambiental permanece.

Enfatizó que con esta nueva ley se logra que quien ocasione el daño se
haga responsable de repararlo y eso implica que los costos que esto
tenga los asuma como tal.

Consideró que se le han dado "muchos golpes" a nuestros recursos
naturales y aunque las autoridades actúen con sanciones
administrativas, económicas o clausuras, el daño queda.

Ni la federación, estados y municipios cuentan con recursos para
restaurar un ecosistema, que a veces eso es mucho más costoso que una
multa, añadió la legisladora.

López Moreno detalló que se establecen sanciones de 20 mil hasta de
450 mil días de salario mínimo, porque hay quienes dicen que les
resulta más barato pagar la multa que realizar las condicionantes para
no afectar al medio ambiente y "con esta ley les va a salir más barato
respetar las condicionantes y la normatividad que pagar una multa".
Además, de la multa están los costos que implique reparar el daño
ambiental realizado, aclaró.

Precisó que la Secretaría de Medio Ambiente establecerá los esquemas
para analizar de acuerdo a la afectación el tipo de multa. También los
casos de reincidencia tendrán un trato más estricto.

Dijo que con esta ley se fijan mecanismos alternativos de justicia
ambiental, que permite que cuando alguien afecte un ecosistema, previo
a llevar todo un proceso de carácter jurídico para establecer el
esquema de reparación del daño, pueda asumir esa responsabilidad.