Por enrique Al encabezar la ceremonia de Presentación del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos Indígenas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa sostuvo que el reconocimiento de los derechos indígenas debe propiciar que el sistema jurídico y sus juzgadores respondan desde un lenguaje de derechos a viejos problemas de falta de acceso de los indígenas a la justicia que imparte el Estado. También presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Silva Mesa manifestó que el Poder Judicial de la Federación tiene el pleno propósito de garantizar la vigencia de los derechos de estos grupos, por lo que el proyecto ofrecerá herramientas de interpretación jurídica a los juzgadores del país, en beneficio de los indígenas. "Esto implica tener una actitud proactiva que comprenda, entre otras cuestiones, garantizar el auxilio de intérpretes idóneos, ampliar criterios de admisión y desahogo de pruebas; admitir la jurisdicción indígena en la resolución de conflictos internos (cuando ésta se apegue a los Derechos Humanos); proteger las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos originarios y verificar que los colectivos indígenas sean consultados cuando se toman medidas susceptibles de afectarlos", explicó. En el edificio central de la SCJN, el ministro presidente acoto que este Protocolo –al igual que el de Actuación para Quienes imparten Justicia en Casos que Afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la SCJN, en febrero de 2012—se enmarca en los recientes cambios constitucionales en materia de amparo y derechos humanos de 2011 y en la resolución de este Tribunal Constitucional sobre el caso de Rosendo Radilla que colocan a los derechos humanos en el centro de actuación de las autoridades, utilizando, a la vez, a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano como referentes. "No significa el desplazamiento de las normas constitucionales, por las del derecho internacional, sino la ampliación del marco normativo interno en materia de derechos humanos y el permanente diálogo entre las distintas fuentes de derechos humanos, teniendo como criterio de ponderación de normas, el principio pro persona, que, como sabemos, determina que la norma que mejor protege y da contenido a un derecho reconocido, debe ser tomada, como base, para la interpretación judicial en el caso específico"; enfatizó el Ministro Presidente ante los Presidentes de la Primera y Segunda Salas de esta SCJN, Ministros Jorge Arturo Pardo Rebolledo y Sergio A. Valls Hernández, respectivamente; los Ministros Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar Morales, así como del Doctor Rodolfo Stavenhagen, ex Relator Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de Naciones Unidas. El Presidente de la SCJN aclaró que este Protocolo no es un formato para casos sobre indígenas, sino que pretende ser una herramienta que, de manera respetuosa de la autonomía e independencia judicial, auxilie a las y los juzgadores, en la tarea de impartir justicia a los miembros de los pueblos indígenas de México, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, tal como lo marca el artículo 1º de la Constitución. Recordó que durante la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas. Constitucionales y Regionales celebrada en la Ciudad de México el 8 y 9 de noviembre de 2012, se determinó que el principio pro persona en el caso de los pueblos indígenas, tiene una clara dimensión colectiva. Por su parte, James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hizo un reconocimiento al Poder Judicial de la Federación porque con este Protocolo México establece un importante precedente a nivel mundial que servirá como ejemplo para la administración de justicia en otros países. Consideró que se fomenta el acceso a la justicia a los pueblos indígenas y, a la vez, se da un paso hacia la aplicación de los estándares internacionales de los derechos humanos en consonancia con el principio de la responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto, incluyendo todos los poderes e instituciones a nivel federal y estatal de cumplir con las obligaciones internacionales que haya contraído en materia de derechos humanos. "El Protocolo abarca el tema del derecho de los pueblos indígenas de mantener y resolver sus propios sistemas de justicia en coordinación con el sistema de justicia nacional, bajo el concepto de pluralismo jurídico y promueve derechos y principios de suma importancia para el mejor entendimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas", dijo en un mensaje videograbado. Finalmente, Rodolfo Stavenhagen, ex relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de Naciones Unidas, consideró que este Protocolo es un paso importante en la consolidación de una cultura de los derechos humanos de los pueblos indígenas en México y afirmó que su uso deberá extenderse en todos los niveles y espacios del Poder Judicial. |
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