La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Educación, en
materia de educación inclusiva con el objetivo que las personas con
discapacidad tengan derecho al acceso y permanencia en todos los
niveles y modalidades, sin discriminación, con equidad y en igualdad
de oportunidades.
La reforma a varios artículos de la Ley General de Educación
con diversos tratados internacionales de los que México forma parte en
materia de educación inclusiva.
El dictamen presentado por la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos señala que las modificaciones contribuirán a
promover y fomentar el respeto de los grupos vulnerables en su proceso
de desarrollo e integración social.
De igual manera impulsará el desarrollo de programas de
asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad,
con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de
comunicación.
En este sentido, el documento refiere que la formación y
capacitación de maestros de educación especial promoverán el trato
digno de las personas con discapacidad.
Asimismo, desarrollará las habilidades necesarias para
sensibilizar al resto de la comunidad educativa sobre esta condición y
las aptitudes para comunicarse en lenguaje de señas mexicano, en el
sistema de escritura braille, o cualquier otro sistema que garantice
el adecuado aprovechamiento de los educandos.
Las reformas también establecen que para los alumnos con
discapacidad que no logren la inclusión en estos planteles, la SEP
procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para
su autónoma integración a la vida social.
Además puntualiza que en cualquier caso, las instituciones
educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de
estudios en los niveles de educación media superior y superior.
El dictamen enviado a la Cámara de Senadores estipula que
serán acreedores a infracciones los prestadores de servicios
educativos que nieguen la inscripción, aíslen, segreguen o discriminen
a las personas con discapacidad, u omitir llevar a cabo los ajustes
razonables que sean necesarios para garantizar su inclusión.
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