Por: Alejandro Colón
El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que las procuradurías y el ministerio público tienen el reto no sólo de asegurar que su actuación sea implacable, sino sobre todo impecable, para lo cual consideró necesaria su "reestructuración a fondo", al subrayar la necesidad de contar con un estado de derecho sólido y eficaz donde la ley se cumpla sin excepciones, sin preferencias y sin demoras.
Asimismo, al inaugurar la XXIX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en presencia de diputados y senadores, el titular del Ejecutivo Federal confió en que el Congreso de la Unión apruebe el Código de Procedimientos Penales y la Ley General Penal únicos, y con ello homologar los mecanismos de todas las dependencias.
Ante el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y procuradores de todas las entidades del país, el Primer Mandatario subrayó: "yo podría decir, con toda claridad: la tarea que tiene por delante el ministerio público, las procuradurías de justicia, tanto la General de la República como las de todas las entidades del país y la del Distrito Federal, es no sólo asegurar el que su actuación sea implacable, sino sobre todo, impecable".
Esto es, abundó, que deberán actuar con mayor profesionalismo, con mayores elementos que, dentro de la investigación, permitan asegurar que todo aquel que delinque, todo aquel que cometa un delito, realmente pueda ser sometido a la aplicación de la justicia.
Acompañado por el jefe de gobierno del DF, Miguel Angel Mancera, así como por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Mario López Valdés, el Presidente de la República reconoció que "contar con una justicia pronta, expedita, imparcial y efectiva es una demanda y un derecho de los ciudadanos; asegurar que así sea es una obligación de todos nosotros".
Ley General Penal
Asentó: "el ideal de la justicia plena es muy claro: que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo tiempo, una persona inocente en la cárcel. Sin embargo, lograrlo, y ustedes mejor que nadie lo saben, no es igual de sencillo".
Consideró que la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Unico de Procedimientos Penales y una Ley General Penal "significará un cambio de fondo al sistema de justicia en nuestro país; son además, reformas contempladas en la nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia para los mexicanos que el gobierno de la República ha puesto en marcha".
Destacó que hoy nuestro sistema de justicia penal atraviesa por un periodo de transición histórica. "La Reforma Constitucional de 2008 es el cambio más trascendente en el último siglo en el paradigma que habíamos construido en materia de justicia penal, y hoy tenemos uno nuevo, que fue aprobado por el Constituyente Permanente, y donde poderes y órdenes de gobierno estamos trabajando y debemos comprometernos aún más para hacer realidad y materializar este esfuerzo para lograr el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial que prevé nuestra Carta Magna".
Por ello, refrendó "el compromiso del gobierno de la República de trabajar, junto con las autoridades estatales y los poderes judiciales, para que esta reforma sea una realidad en todo el territorio nacional".
DEBIDO PROCESO Y DERECHOS HUMANOS
Esto será fundamental, abundó, "toda vez que permitirá que las procuradurías liberen y reorienten sus recursos hacia la investigación y el esclarecimiento de los delitos de mayor impacto entre la sociedad".
Asimismo se garantizará el debido proceso y se respetará el principio de presunción de inocencia. Además, todas las instancias que participan en el sistema de justicia deberán garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, indicó.
Comentó que si se reducen el delito y la impunidad "los emprendedores, los empresarios, habrán de invertir, por un lado, menos en seguridad y más en aquello que permita que sus actividades, cualesquiera que sean dentro del ámbito privado, sean más productivas".
El Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que las procuradurías y el ministerio público tienen el reto no sólo de asegurar que su actuación sea implacable, sino sobre todo impecable, para lo cual consideró necesaria su "reestructuración a fondo", al subrayar la necesidad de contar con un estado de derecho sólido y eficaz donde la ley se cumpla sin excepciones, sin preferencias y sin demoras.
Asimismo, al inaugurar la XXIX Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en presencia de diputados y senadores, el titular del Ejecutivo Federal confió en que el Congreso de la Unión apruebe el Código de Procedimientos Penales y la Ley General Penal únicos, y con ello homologar los mecanismos de todas las dependencias.
Ante el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y procuradores de todas las entidades del país, el Primer Mandatario subrayó: "yo podría decir, con toda claridad: la tarea que tiene por delante el ministerio público, las procuradurías de justicia, tanto la General de la República como las de todas las entidades del país y la del Distrito Federal, es no sólo asegurar el que su actuación sea implacable, sino sobre todo, impecable".
Esto es, abundó, que deberán actuar con mayor profesionalismo, con mayores elementos que, dentro de la investigación, permitan asegurar que todo aquel que delinque, todo aquel que cometa un delito, realmente pueda ser sometido a la aplicación de la justicia.
Acompañado por el jefe de gobierno del DF, Miguel Angel Mancera, así como por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Mario López Valdés, el Presidente de la República reconoció que "contar con una justicia pronta, expedita, imparcial y efectiva es una demanda y un derecho de los ciudadanos; asegurar que así sea es una obligación de todos nosotros".
Ley General Penal
Asentó: "el ideal de la justicia plena es muy claro: que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo tiempo, una persona inocente en la cárcel. Sin embargo, lograrlo, y ustedes mejor que nadie lo saben, no es igual de sencillo".
Consideró que la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Unico de Procedimientos Penales y una Ley General Penal "significará un cambio de fondo al sistema de justicia en nuestro país; son además, reformas contempladas en la nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia para los mexicanos que el gobierno de la República ha puesto en marcha".
Destacó que hoy nuestro sistema de justicia penal atraviesa por un periodo de transición histórica. "La Reforma Constitucional de 2008 es el cambio más trascendente en el último siglo en el paradigma que habíamos construido en materia de justicia penal, y hoy tenemos uno nuevo, que fue aprobado por el Constituyente Permanente, y donde poderes y órdenes de gobierno estamos trabajando y debemos comprometernos aún más para hacer realidad y materializar este esfuerzo para lograr el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial que prevé nuestra Carta Magna".
Por ello, refrendó "el compromiso del gobierno de la República de trabajar, junto con las autoridades estatales y los poderes judiciales, para que esta reforma sea una realidad en todo el territorio nacional".
DEBIDO PROCESO Y DERECHOS HUMANOS
Esto será fundamental, abundó, "toda vez que permitirá que las procuradurías liberen y reorienten sus recursos hacia la investigación y el esclarecimiento de los delitos de mayor impacto entre la sociedad".
Asimismo se garantizará el debido proceso y se respetará el principio de presunción de inocencia. Además, todas las instancias que participan en el sistema de justicia deberán garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, indicó.
Comentó que si se reducen el delito y la impunidad "los emprendedores, los empresarios, habrán de invertir, por un lado, menos en seguridad y más en aquello que permita que sus actividades, cualesquiera que sean dentro del ámbito privado, sean más productivas".
Publicar un comentario