Al refrendar su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la capital del país, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cumplimento y concluyó diez recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos capitalina, al diversos adoptar mecanismos para el fortalecimiento de la procuración de justicia, en materia de atención a víctimas, probables responsables, jóvenes en conflicto con la ley y aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La Subprocuraduría Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos detalló que derivado del compromiso de esta Institución admitió y cumplimentó las recomendaciones emitidas por el ombudsman capitalino 1/1996, 13/2007, 16/2007, 19/2007, 13/2008, 17/2008, 8/2009, 9/2009, 11/2009 y 6/2011, emitidas por violaciones como obstaculización de las garantías del debido proceso, falta o deficiencia en la fundamentación o motivación.
Así también por obstaculización u omisión de observar la ley o normatividad aplicable, retención ilegal, detención arbitraria, uso desproporcionado o indebido de la fuerza e injerencias arbitrarias en el interés superior del niño o la niña, detención arbitraria y tortura, además por dilación en las averiguaciones previas en agravio de personas internas en centros de reclusión.
En el marco del cumplimiento de estas recomendaciones, esta Institución impulsa acciones para el fortalecimiento de un nuevo modelo de procuración de justicia, acorde con el avance nacional en materia de derechos humanos, derivadas de las reformas constitucionales que incorporan los estándares internacionales en este tema al incorporar diversos instrumentos normativos con perspectiva de derechos humanos.
Para ello, la Procuraduría capitalina creó agencias especializadas y estableció lineamientos específicos de investigación, capacitación y profesionalización de los servidores públicos, además de programas de acercamiento a la ciudadanía, así como normatividad para la actuación del Ministerio Público en casos de delitos en agravio de personas privadas de su libertad en centros de reclusión del Distrito Federal.
Asimismo, instauró un modelo para la investigación del delito de homicidio, al tiempo de emitir diversos protocolos de actuación en Investigación del Delito de Tortura, Atención de las Victimas y Persecución de los Imputados; incorporó lineamientos en materia de derechos humanos en el Manual Operativo que regula la actuación de la Policía de Investigación. Paralelamente suscribió un convenio con el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para garantizar una oportuna intervención de los médicos forenses en la realización de dictámenes en casos de homicidio.
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