Cincuenta y tres de las 54 mujeres que fueron retenidas durante un operativo el pasado viernes en el bar denominado Buchters, al poniente de la Ciudad de México, se encuentran libres, pero iniciaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación de sus garantías individuales.
Durante el tiempo que las mantuvieron en la estación Migratoria de Agujas, ubicada en la calle de Agujas en Iztapalapa, fueron sometidas a presión psicológica para declarar que se encontraban secuestradas.
El operativo se realizo el pasado viernes, donde llegaron al menos 20 elementos de migración apoyados con más de 50 agentes de PGR, quienes ingresaron con armas largas. Del total de las detenidas, sólo una país pidió regresar a sus país.
Según la queja presentada ante la CNDH/1122/17, las jóvenes fueron sometidas por agentes de migración el pasado viernes y llevadas con amenazas, aunque se manejó que se trataba de un rescate.
Durante 4 días estuvieron en las instalaciones con la ropa de trabajo con la que fueron aseguradas del antro y las mantuvieron en habitaciones, sin cobertores para cubrirse.
Aseguran que no se les permitió en un principio acreditar su estadía en el país, ya que todas cuentas con el formulario FM111, el cual les permite trabajar en la República mexicana.
Al quedar acreditada su estancia en nuestro país, se logró su salida entre los días martes y miércoles, pero se les tomaron sus huellas digitales y se les "fichó" para mantenerlas bajo presión en caso de pretender denunciar.
De acuerdo a sus propias declaraciones, en el centro de detención provisional se les exigió declarar que estaban en calidad de secuestradas y que las obligaban a bailar y tener relaciones con los clientes en distintos antros de la Ciudad de México.
No obstante, las mujeres de diversas nacionalidades, entre ellas rusas, colombianas, venezolanas, chilenas, checoslovacas y mexicanas, señalaron en su denuncia, que están en México debido a que el trabajo que realizan les permite vivir con comodidad, lo que no pueden hacer en sus países de origen.
Algunas señalaron que llegan a ganar hasta 50 mil pesos al mes, por lo que no sienten presión de realizar bailes eróticos en los establecimientos.
Aseguran que están de acuerdo con el combate a la trata de personas, aunque no todas las bailarinas están sometidas ese delito, o son obligadas, por lo que pidieron a las autoridades a corroborar información antes de detener a las mujeres que están por propia voluntad, ya que les afecta en su trabajo.
La queja fue presentada este jueves y se espera que se inicie una investigación para enviar una recomendación a las autoridades federales y locales correspondientes ya que las jóvenes han sido maltratadas y sometidas al descrédito público.
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