Una recompensa de hasta 300 mil pesos, ofrecen las procuradurías General de la República y del Estado de México para quien proporcione información para localizar y detener a otros integrantes de la organización criminal que plagiaron al ex diputado federal suplente en la LVIII, Jorge Ignacio Magallón Gudiño. La recompensa de otros 300 mil pesos, también se ofrece para quien ofrezca informes sobre el secuestro y desaparición de otras 17 personas.
De acuerdo a las investigaciones del plagio del ex diputado federal, existen otros ex policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones relacionados con estos hechos, así como algunos de sus "madrinas", por ello, las autoridades de procuración de justicia ofrecen esa cantidad.
La recompensa se ofrece desde el pasado mes de abril del 2013, para quien proporcione datos para localizar a otros implicados en el plagio del ex diputado federal del PRI, originario de Sahuayo, Michoacán –tierra controlada por el grupo criminal Los Caballeros Templarios-.
La PGR y la PGJEM, continúan con las investigaciones para revocar el amparo que le fue otorgado al ex agente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR, Hugo Dante González Hernández –considerado como autor intelectual-, liberado por un juez del penal de Barrientos, debido a las presuntas violaciones al debido proceso y volverlo a encarcelar. Así contra el policía uniformado de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, Paulo César Orozco, quien se encuentra bajo investigación de las autoridades por su complicidad con los secuestradores del ex diputado Jorge Ignacio Gagallón Gudiño.
Mientras tanto, el proceso continúa en el penal de Barrientos contra Jesús Martínez del Río, Manuel Mata Palacios y el también ex agente de la desaparecida AFI, Manuel Bustamante Robledo, considerado como líder de la organización criminal del secuestro del ex diputado federal del PRI, Jorge Ignacio Magallón Gudiño.
Es importante resaltar que el ex agente de la AFI, Manuel Bustamante Robledo, enfrentó un proceso penal por el robo de 470 kilogramos de cocaína en San Luis del Río Colorado.
En su momento la PGR, dio a conocer que Manuel Bustamante Robledo, fue sentenciado hasta 40 años de prisión junto con otras 14 personas por el robo de esa cargamento de droga. Los sentenciados fueron dos agentes del Ministerio Público de la Federación; siete agentes de la entonces Policía Judicial Federal, uno de ellos era el subdelegado; un servidor público adscrito a la Contraloría en la PGR; un Teniente de Infantería y tres particulares.
En ese entonces, la PGR hizo del conocimiento de la opinión pública sobre la sentencia dictada dentro del proceso penal número 164/97 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Baja California con residencia en Mexicali, por la sustracción de cocaína que se encontraba asegurada en la Agencia del Ministerio Público Federal en San Luis Río Colorado estado de Sonora, hechos que acontecieron el 20 de mayo de 1997.
El ex AFI, Manuel Bustamante Robledo –ahora bajo proceso penal por el secuestro del ex diputado federal, Jorge Ignacio Magallón Gudiño-, fue sentenciado a 40 años de prisión, 19 mil 990 días de multa, destitución e inhabilitación de su cargo, hasta por un tiempo igual de la pena de prisión impuesta por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas; contra la salud en su modalidad de tráfico de estupefacientes y el previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Junto con éste también fueron sentenciados por el robo de la cocaína, Jorge Luis Cervantes Muñoz, Roberto Zavala Manríquez, Joaquín Martínez Cano, Marcelino Barrera Morales, Eladio García Torres, Marcos Solares Churape, Luis González Rosales, Alberto Gómez García, Marbel Culebro Aguilar, David Enrique Gastelum Delgado, Federico Reding Ramírez, José Guadalupe Cárdenas Serrano y Enrique Dager Luna.
El 12 de mayo de 1997, efectivos del Ejército Mexicano aseguraron en la estación Doctor, San Luis Río Colorado, Sonora, 476 kilogramos de cocaína, varios vehículos y una aeronave, y se detuvieron a cinco sujetos, los cuales fueron puestos a disposición del licenciado Alberto Gómez García, quien se desempeñaba como Agente del Ministerio Público Federal en esa entidad. Inicialmente el narcótico se quedó en la guarnición militar y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en San Luis Río Colorado, sin que legalmente existiera razón alguna para ello.
El 21 de mayo de 1997, el licenciado Alberto Gómez García, Agente del Ministerio Público de la Federación, comunicó al delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Sonora, que habían sustraído el clorhidrato de cocaína y 30 paquetes de marihuana, narcóticos afectos a sendas averiguaciones.
En su oportunidad dentro de las averiguaciones previstas 026/MPFEADS/97, 047/MPFEADS/97 y 191/MPFEADS/97, se ejercitó acción penal en contra de los probables responsables por los delitos de ejercicio indebido de servicio público, contra la salud en la modalidad de tráfico de narcóticos, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y el previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
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