Alejandro Colón
Con la ejecución del mexicano Edgar Tamayo, organismos defensores de Derechos Humanos recriminaron a Estados Unidos haber violado el Fallo Avena, dictado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2004, que exige revisar las sentencias de 51 mexicanos condenados a muerte en la nación estadounidense.
Pese a los esfuerzos de las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imploraron el perdón o cuando menos una nueva revisión del caso Tamayo, éste se convirtió en el tercer mexicano llevado a la pena capital durante la vigencia del Fallo Avena.
Edgar Tamayo no fue notificado de su derecho a recibir ayuda consular en el momento de su detención, presuntamente por haber participado en el asesinato de un policía estadounidense hace 20 años, tiempo que permaneció en prisión, una información que podría haber influido para condenarlo a una pena menor, según dijeron.
La ejecución de Tamayo es la tercera en el caso de los mexicanos que forman parte del Fallo Avena, por el cual sus casos deben ser revisados y reconsiderados, bajo el fallo de la CIJ, de acuerdo con un comunicado previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Tamayo, de 46 años de edad, fue sentenciado a pena de muerte en 1994, tras haber sido declarado culpable de asesinar a un policía en Houston, Texas, y desde entonces ha estado encarcelado en Estados Unidos, incluso, se llevaron a cabo varias campañas y acciones políticas para evitar la ejecución de Tamayo tanto por funcionarios y dirigentes mexicanos como por organismos internacionales, embajadores en Washington y hasta los propios departamentos de Estado y de Justicia de la Unión Americana.
Previamente, la CIDH instó a Estados Unidos a suspender la ejecución del mexicano Edgar Tamayo, y observar sus obligaciones internacionales en la materia, así como revisar "una reparación efectiva" del daño derivado de la violación de los derechos humanos que sufrió Tamayo en su proceso judicial.
Demandó también que incluya la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo previstas en la Declaración Americana.
Recordó que el gobierno de Estados Unidos está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde que este país se incorporó al organismo interamericano en 1951.
Antes de la ejecución del mexicano, la CNDH clamó que "el gobernador de Texas, Rick Perry, tiene la obligación legal y humana de revisar y reconsiderar la sentencia a la pena capital de Edgar por deficiencias en el procedimiento penal instruido en su contra".
Con ello, la CNDH reclamó de manera absoluta la aplicación de la pena capital y "refrendó su compromiso para continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de ciudadanos mexicanos ante los gobiernos extranjeros".
Incluso, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, envió hace unos días "una carta al gobernador Perry y la Junta de Perdones del Estado de Texas", en la que solicita "la suspensión de la pena" capital impuesta a Tamayo "y que le sea conmutada por una de prisión".
En la misiva advirtió que "quedaría debilitada la autoridad de las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación internacional si se lleva a cabo la ejecución", ya que en el caso de Tamayo fue violado su derecho a la asistencia consular tras ser arrestado.
Con la ejecución del mexicano Edgar Tamayo, organismos defensores de Derechos Humanos recriminaron a Estados Unidos haber violado el Fallo Avena, dictado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2004, que exige revisar las sentencias de 51 mexicanos condenados a muerte en la nación estadounidense.
Pese a los esfuerzos de las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que imploraron el perdón o cuando menos una nueva revisión del caso Tamayo, éste se convirtió en el tercer mexicano llevado a la pena capital durante la vigencia del Fallo Avena.
Edgar Tamayo no fue notificado de su derecho a recibir ayuda consular en el momento de su detención, presuntamente por haber participado en el asesinato de un policía estadounidense hace 20 años, tiempo que permaneció en prisión, una información que podría haber influido para condenarlo a una pena menor, según dijeron.
La ejecución de Tamayo es la tercera en el caso de los mexicanos que forman parte del Fallo Avena, por el cual sus casos deben ser revisados y reconsiderados, bajo el fallo de la CIJ, de acuerdo con un comunicado previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Tamayo, de 46 años de edad, fue sentenciado a pena de muerte en 1994, tras haber sido declarado culpable de asesinar a un policía en Houston, Texas, y desde entonces ha estado encarcelado en Estados Unidos, incluso, se llevaron a cabo varias campañas y acciones políticas para evitar la ejecución de Tamayo tanto por funcionarios y dirigentes mexicanos como por organismos internacionales, embajadores en Washington y hasta los propios departamentos de Estado y de Justicia de la Unión Americana.
Previamente, la CIDH instó a Estados Unidos a suspender la ejecución del mexicano Edgar Tamayo, y observar sus obligaciones internacionales en la materia, así como revisar "una reparación efectiva" del daño derivado de la violación de los derechos humanos que sufrió Tamayo en su proceso judicial.
Demandó también que incluya la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo previstas en la Declaración Americana.
Recordó que el gobierno de Estados Unidos está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), desde que este país se incorporó al organismo interamericano en 1951.
Antes de la ejecución del mexicano, la CNDH clamó que "el gobernador de Texas, Rick Perry, tiene la obligación legal y humana de revisar y reconsiderar la sentencia a la pena capital de Edgar por deficiencias en el procedimiento penal instruido en su contra".
Con ello, la CNDH reclamó de manera absoluta la aplicación de la pena capital y "refrendó su compromiso para continuar con los esfuerzos que protejan los derechos fundamentales de ciudadanos mexicanos ante los gobiernos extranjeros".
Incluso, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, envió hace unos días "una carta al gobernador Perry y la Junta de Perdones del Estado de Texas", en la que solicita "la suspensión de la pena" capital impuesta a Tamayo "y que le sea conmutada por una de prisión".
En la misiva advirtió que "quedaría debilitada la autoridad de las instituciones que velan por el cumplimiento de la legislación internacional si se lleva a cabo la ejecución", ya que en el caso de Tamayo fue violado su derecho a la asistencia consular tras ser arrestado.
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