En el estudio, que a partir de hoy estará a disposición de la opinión pública en su página de internet www.cndh.org.mx, la CNDH hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a destinar suficientes recursos para el correcto cumplimiento del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018.
Asimismo, pide destinar fondos para la creación de albergues y centros para la atención de víctimas; elaborar programas estatales para prevenir el delito y atender a sus afectados; desarrollar campañas de prevención a nivel nacional y regional, e implementar medidas de política pública para reducir los factores de incidencia.
La Comisión Nacional subraya la necesidad de brindar mayor apoyo a los refugios y albergues impulsados por la sociedad civil que reciben escaso financiamiento público para el desempeño de sus funciones, a pesar de que con frecuencia alojan y brindan atención a víctimas de trata canalizadas por instancias oficiales.
Este Organismo público autónomo documentó la existencia de un total de 2 mil 105 averiguaciones previas iniciadas en todo el país por el delito de trata de personas, en el período de 2009 al primer semestre de 2014; de ellas, mil 412 corresponden a las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas y 693 a la Procuraduría General de la República: 407 de la Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), 176 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y 110 de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
La CNDH sostiene que en materia de trata de personas, el grado de impunidad es alarmante, ya que de las 2 mil 105 averiguaciones previas registradas, tan sólo 756 derivaron en una consignación ante un juez: 136 del fuero federal y 620 del fuero local. Se tiene registro de 152 sentencias condenatorias (9 en el fuero federal, 143 en el local); esto implica que, de las 2 mil 105 averiguaciones previas iniciadas en el país, únicamente el 7.2% ha derivado en una sentencia condenatoria.
Chiapas y el Distrito Federal son las entidades federativas con mayor número de sentencias condenatorias, ya que concentran el 46.7% de condenas; las sentencias dictadas en los estados de Sonora, Puebla y Estado de México equivalen al 26.3% del total, lo cual significa que estas cinco entidades concentran el 73% de las sentencias.
El 83.1% de las averiguaciones previas corresponden a explotación sexual, 12.4% a explotación laboral, 3.4% a explotación laboral y sexual y el 1% a otras modalidades.
El Diagnóstico destaca también que de las víctimas identificadas en todo el país, el 82.9% son del sexo femenino y 13.7% del masculino; el 42.1 % de las víctimas reportadas son adultas y 39.8 % menores de edad; en 18.1 % de los casos no fue posible determinar su edad. El 77.5 % de las víctimas identificadasson mexicanas, frente a 15.4 % extranjeras; en 7.1 % de los casos se ignora la nacionalidad. El mayor número de las víctimas extranjeras proviene de Centroamérica; no obstante, se identificaron víctimas procedentes de 33 países distintos.
La Comisión Nacional señala que el delito de trata de personas está presente en toda la República, variando por entidad la prevalencia de los diversos factores que propician la incidencia del delito.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhorta a todos los sectores de la población a unir esfuerzos para combatir la trata de personas y lograr un auténtico cambio de mentalidad, a fin de desterrar la excesiva tolerancia social que aún persiste hacia este delito y las diversas formas de explotación.
Asimismo, considera necesario erradicar los factores estructurales que constituyen el caldo de cultivo de la trata, tales como la desigualdad, la violencia de cualquier género y la cosificación de las personas, así como promover el respeto a la dignidad de todas las personas, en particular de los sectores más desprotegidos y de garantizar el respeto auténtico y duradero a sus derechos humanos.
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