Arturo R. Pansza
Con una inversión de casi 131,000 millones de pesos en 2014, se llevan a cabo acciones de prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos a nivel nacional, se establece en el rubro Seguridad y Justicia del texto del II Informe de Gobierno que el Presidente Enrique Peña Nieto entregó al Congreso de la Unión.
Ayer el Ejecutivo Federal hizo alusión a las acciones que se llevan a cabo en la materia, ante la meta nacional que se planteó su gobierno de devolver la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas.
Dentro del documento se expone que desde el inicio de la administración, se ha combatido el fenómeno delictivo con una visión integral, que sitúa a la persona y el respeto a sus derechos en el centro de los esfuerzos públicos.
Un cambio de fondo de la nueva Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia es que no sólo enfrenta los efectos de la criminalidad, sino que también atiende los factores de riesgo que propician la delincuencia y, es así que la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia coordina, transversalmente, la instrumentación de 51 programas federales.
En el II Informe de Gobierno se reconoce una de las demandas ciudadanas más reiteradas, mejorar las condiciones de seguridad y justicia en todo el país. Por ello, la política en mención, contempla los siguientes elementos: la prevención social de la violencia y la delincuencia; el perfeccionamiento de los sistemas de inteligencia y la cooperación internacional; y la profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía.
La política también incluye la regionalización y coordinación entre autoridades; una justicia penal más eficaz; así como una mayor participación ciudadana e información objetiva.
Ayer el Ejecutivo Federal hizo alusión a las acciones que se llevan a cabo en la materia, ante la meta nacional que se planteó su gobierno de devolver la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas.
Dentro del documento se expone que desde el inicio de la administración, se ha combatido el fenómeno delictivo con una visión integral, que sitúa a la persona y el respeto a sus derechos en el centro de los esfuerzos públicos.
Un cambio de fondo de la nueva Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia es que no sólo enfrenta los efectos de la criminalidad, sino que también atiende los factores de riesgo que propician la delincuencia y, es así que la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia coordina, transversalmente, la instrumentación de 51 programas federales.
En el II Informe de Gobierno se reconoce una de las demandas ciudadanas más reiteradas, mejorar las condiciones de seguridad y justicia en todo el país. Por ello, la política en mención, contempla los siguientes elementos: la prevención social de la violencia y la delincuencia; el perfeccionamiento de los sistemas de inteligencia y la cooperación internacional; y la profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía.
La política también incluye la regionalización y coordinación entre autoridades; una justicia penal más eficaz; así como una mayor participación ciudadana e información objetiva.
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