Arturo R. Pansza
En los estados de México, Michoacán y Tamaulipas, el objetivo ha sido muy claro: restablecer las bases institucionales, económicas y sociales, a fin de reactivar el desarrollo de las entidades, mediante el trabajo coordinado y articulado entre las dependencias federales y estatales, se establece en el II Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Por lo que hace a la entidad mexiquense, en estrecha coordinación con el gobierno estatal, la administración federal diseñó un plan estratégico de respaldo y apoyo al Estado, para devolver la tranquilidad y la seguridad a todos sus habitantes, que incluyó la operación de una base militar en Nanchititla, municipio de Luvianos.
Asimismo, para devolver el orden, la paz y la tranquilidad a los michoacanos, además de brindarles mayores oportunidades de desarrollo, se puso en marcha el plan "Por Michoacán, Juntos lo Vamos a Lograr" y, se estableció una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado.
Mientras tanto, para fortalecer las tareas de combate a la delincuencia en tierras tamaulipecas, frente a un repunte de hechos delictivos relacionados con el crimen organizado, se instrumentó la segunda fase de la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas, a partir de tres ejes: desarticular a las organizaciones delictivas, sellar las rutas de tráfico ilícito y garantizar instituciones locales de seguridad, suficientes, eficientes y confiables.
En el documento del Informe presidencial entregado al Congreso de la Unión, se hace alusión que a fin de hacer frente de forma más eficaz al fenómeno delictivo en la entidad federativa, se dividió el territorio estatal en cuatro regiones de atención por parte de las instituciones de seguridad y justicia.
Así, en ese marco, la Procuraduría General de la República (PGR), creó cuatro Fiscalías Regionales distribuidas en Zona Fronteriza, Zona Costera, Zona Centro y Zona Sur, las cuales cuentan con unidades de investigación de delitos según la dinámica delincuencial y la incidencia delictiva de cada zona.
En los estados de México, Michoacán y Tamaulipas, el objetivo ha sido muy claro: restablecer las bases institucionales, económicas y sociales, a fin de reactivar el desarrollo de las entidades, mediante el trabajo coordinado y articulado entre las dependencias federales y estatales, se establece en el II Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Por lo que hace a la entidad mexiquense, en estrecha coordinación con el gobierno estatal, la administración federal diseñó un plan estratégico de respaldo y apoyo al Estado, para devolver la tranquilidad y la seguridad a todos sus habitantes, que incluyó la operación de una base militar en Nanchititla, municipio de Luvianos.
Asimismo, para devolver el orden, la paz y la tranquilidad a los michoacanos, además de brindarles mayores oportunidades de desarrollo, se puso en marcha el plan "Por Michoacán, Juntos lo Vamos a Lograr" y, se estableció una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado.
Mientras tanto, para fortalecer las tareas de combate a la delincuencia en tierras tamaulipecas, frente a un repunte de hechos delictivos relacionados con el crimen organizado, se instrumentó la segunda fase de la Estrategia de Seguridad para Tamaulipas, a partir de tres ejes: desarticular a las organizaciones delictivas, sellar las rutas de tráfico ilícito y garantizar instituciones locales de seguridad, suficientes, eficientes y confiables.
En el documento del Informe presidencial entregado al Congreso de la Unión, se hace alusión que a fin de hacer frente de forma más eficaz al fenómeno delictivo en la entidad federativa, se dividió el territorio estatal en cuatro regiones de atención por parte de las instituciones de seguridad y justicia.
Así, en ese marco, la Procuraduría General de la República (PGR), creó cuatro Fiscalías Regionales distribuidas en Zona Fronteriza, Zona Costera, Zona Centro y Zona Sur, las cuales cuentan con unidades de investigación de delitos según la dinámica delincuencial y la incidencia delictiva de cada zona.
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