Alejandro Colón
Al reconocer que los derechos humanos están en crisis en algunas regiones del país, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseveró que existe un malestar social muy difundido, pero no necesariamente tiene su origen ni se limita a los casos Iguala y Tlatlaya, los cuales han catalizado un largo proceso de frustración de expectativas iniciado años atrás, que no fue advertido con oportunidad en sus diferentes vertientes económicas, culturales y sociales.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, que encabezó el Presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman aseguró que los aprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son productos de una generación espontánea, las condiciones que los propiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo.
Asimismo indicó que no puede haber vuelta atrás, "no hay manera de recuperar la engañosa normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlataya, porque era anómala, estaba sentada en parte en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas".
Por ello, llamó a revisar autocríticamente el camino andado e "intentemos reorientar nuestras acciones, entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental, obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país, sino de establecer prioridades".
En este aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, continuó, "tenemos la oportunidad histórica, no sólo de superar la situación actual, sino de redefinir para bien, el futuro de México", enfatizó.
Ofreció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sustento en el reconocimiento pleno de la dignidad humana y en ejercicio de su autonomía, acompañará todo esfuerzo que desde las instituciones y la sociedad civil se emprenda con objeto de concretar ese México pacífico, próspero, justo e incluyente al que aspiramos.
Urgió también ubicar en el centro de toda la administración pública la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas. Es un requisito indispensable para todo acto de gobierno.
"Todo el apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta pacífica dentro del marco de la ley, y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia, afectando derechos e intereses de terceros", recomendó.
Asimismo indicó que no puede haber vuelta atrás, "no hay manera de recuperar la engañosa normalidad que como país teníamos antes de los hechos de Iguala o Tlataya, porque era anómala, estaba sentada en parte en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas".
Por ello, llamó a revisar autocríticamente el camino andado e "intentemos reorientar nuestras acciones, entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental, obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. No se trata de rediseñar el país, sino de establecer prioridades".
En este aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, continuó, "tenemos la oportunidad histórica, no sólo de superar la situación actual, sino de redefinir para bien, el futuro de México", enfatizó.
Ofreció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sustento en el reconocimiento pleno de la dignidad humana y en ejercicio de su autonomía, acompañará todo esfuerzo que desde las instituciones y la sociedad civil se emprenda con objeto de concretar ese México pacífico, próspero, justo e incluyente al que aspiramos.
Urgió también ubicar en el centro de toda la administración pública la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas. Es un requisito indispensable para todo acto de gobierno.
"Todo el apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta pacífica dentro del marco de la ley, y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia, afectando derechos e intereses de terceros", recomendó.
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