Patricia Carrasco
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció en Ginebra que espera que para junio, México cuente con una Ley General de Desaparición Forzada; asimismo, aseguró que nuestro país acatará las recomendaciones que le formule el comité, que llegarán "en poquito menos que dos semanas".
Reiteró que la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto "una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia".
El diplomático refirió que cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad pasar del dolor a la recomposición del tejido social. Y consolidar el México en paz, el México incluyente que haga realidad el estado de derecho que todos anhelamos.
"Con profundo respeto a los familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos aquí presentes, y a las organizaciones que los representan, expresamos nuestra solidaridad para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y todas las víctimas del delito en México".
En el segundo y último día de comparecencia de México ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Gómez Robledo reconoció: "el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay. Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente".
Al término del examen sobre la situación de los desaparecidos en el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, sostuvo que antes de que se pueda aprobar la ley, "de acuerdo con la fórmula constitucional de distribución de competencias que rige en México, se requiere que sea la Constitución la que habilite al Congreso para expedir una ley general en esta materia".
Es su mensaje, durante la sustentación del informe de México sobre el cumplimiento de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el diplomático mexicano argumentó que el país desempeñó un papel muy importante en la promoción de este instrumento internacional, a fin de contar con la norma universal que genere los cambios internos que requiere la prevención y sanción de la más abominable violación a los derechos humanos.
"México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar", afirmó.
La nación se mantiene abierta a recibir cooperación de otras instituciones internacionales y de los gobiernos de los países que nos lo han ofrecido, entre los que se encuentran, a manera de ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Tales como la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de La Cruz Roja y la Unión Europea.
Bienvenidas sean, pues, la mirada externa y la crítica constructiva. Pero es claro que la labor de vigilancia que ejerce cualquier organización internacional de derechos humanos, si quiere tener el efecto útil que se propone, debería privilegiar el diálogo en torno a una agenda compartida que evite incurrir sólo en la descalificación.
A la luz de estos acontecimientos, se ha reforzado la urgencia de contar con un sistema de prevención integral que considere los contextos de la criminalidad en diferentes zonas.
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