Pedro Montes de Oca
Por lo menos 8 mil personas originarias de comunidades indígenas forman parte de la comunidad penitenciara de México; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reporta que al menos en el 80 por ciento de esos casos se violó el debido proceso de los presos o sujetos a proceso.
En el caso particular del Distrito Federal, la comunidad indígena residente, de acuerdo a las cifras oficiales, se encuentra en un número cercano a los 123 mil, lo que representa cerca del 1.5% de la población. Las condiciones en que desarrollan sus actividades suelen ser de exclusión, ya que, como de se ha evidenciado en otros casos, la falta de vivienda y las barreras del lenguaje propician su segregación.
Olivia Garza de los Santos, diputada local y presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, resaltó el aspecto jurídico-legal como una más de las barreras a las que se enfrenta este sector de la población.
"En el marco de la celebración del día internacional de la lengua materna, el Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal, Hegel Cortés Miranda, aseguró que en la capital del país se alinean y diseñan políticas públicas de avanzada para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de más de 123 mil personas de comunidades indígenas que hablan alguna lengua materna y que representan el 1.5% de la población", recordó en su exposición.
Al menos en la Ciudad de México, la población indígena aglutina 55 de las 68 lenguas originarias de la República Mexicana. De éstas, instituciones académicas e instituciones gubernamentales como la Secretaría de Cultura del Distrito Federal así como el Consejo para Prevención de la Discriminación (COPRED), han mantenido esfuerzos conjuntos para conservar las lenguas y dialectos originarios de México.
No obstante, en el ámbito de los derechos que deben ser garantizados a cualquier ser humano, como los referentes a la justicia legal, las autoridades judiciales carecen de herramientas para hacerlos vales.
Ejemplo de ello quedó patente en la ALDF al presentar la legisladora panista un punto de acuerdo por el que solicitaba "al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal garantizar el pleno acceso a la impartición de justicia con la implementación del proyecto de creación del Tribunal Especializado en Atención a Personas Indígenas".
"La labor que realizarán será reconocer las lenguas maternas al mismo nivel que cualquier otro idioma en los procesos judiciales. Para ello será importante capacitar a los intérpretes y/o traductores de lenguas indígenas que trabajen para el Poder Judicial del Distrito Federal", indicó en su presentación.
La legisladora panista, no obstante, debió recurrir a los lineamientos legales requeridos para tal efecto. Así, su propuesta fue sometida a votación ante el Pleno de la ALDF. La mayoría perredista, autoerigida como la defensora de los derechos de las mayorías y de los grupos vulnerables, rechazó de manera contundente la propuesta con su mayoría simple.
A pesar de la negativa padecida, Garza de los Santos recalcó que sólo con la promoción y difusión de las lenguas maternas podrá crearse mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales de México y el mundo. Esto, sentenció, logrará "inspirar la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo".
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