Patricia Carrasco
Al presentar el "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015" (DNSP), el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reconoció que la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán y el amotinamiento en el penal del Topo Chico en Monterrey, Nuevo León, evidenciaron las vulnerabilidades y fallas del sistema penitenciario del país.
En éste se calificó a los centros estatales, que dio como resultado 6.21, dos décimas más que en 2014; los centros federales obtuvieron 7.36 y las prisiones militares 7.93 -a pesar de acciones y recursos en este campo, por los tres órdenes de gobierno- el sistema penitenciario está lejos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 18 Constitucional.
"Día con día -dijo- se violentan los derechos fundamentales de un gran número de mexicanas y mexicanos privados de su libertad. Debemos eliminar la falsa percepción que existe en algunas personas, en el sentido de que el respeto y vigencia de los derechos humanos es antagónico a la ejecución y cumplimiento de una pena privativa de libertad. Las y los internos están privados de su libertad, pero no de su dignidad como personas", resaltó.
El ombudsman alertó que no se debe esperar a que ocurran hechos graves dentro de un centro penitenciario para voltear a ver la problemática existente en ese ámbito e implementar acciones que, en la mayoría de los casos, son de carácter paliativo ante los daños causados o la falla u omisión evidenciada.
Específico que además se revisaron tres prisiones militares, en donde se dijo que la situación más recurrente es la falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo de sus internos, por lo que obtuvieron una calificación de 7.93.
Resaltó que de los 84 de los centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en 81 prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene de las instalaciones para alojar a los internos en las áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedor.
Una constante en 75 centros es la falta de manuales de procedimientos para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, solicitud de audiencia con las autoridades, visita íntima, familiar, revisión de visitantes, de estancias, así como una deficiente difusión de la normatividad.
Igualmente, añadió, en 71 casos se observó deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas familiar e íntima, uso de los teléfonos y en materia de seguridad, lo que vulnera el control de la autoridad sobre el centro, favoreciendo la violencia dentro del mismo.
Un problema reiterado en 65 centros es la sobrepoblación y la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas. En 71 instituciones existe hacinamiento, en 73 hay áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de los internos.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfatizó que la situación que guarda el sistema penitenciario de nuestro país dista de ser acorde con lo previsto por el artículo 18 constitucional, ya que a pesar de los recursos y acciones emprendidas en este campo por los tres órdenes de gobierno, "los hechos no nos permiten concluir que el sistema penitenciario esté plenamente organizado y opere sobre una base de respeto a los derechos humanos, en donde el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte sean los medios que logren la reinserción social de las y de los internos, previniendo que reincidan".
González Pérez explicó que tener un adecuada política nacional en materia penitenciaria corresponde a cada uno de los tres poderes del Estado, de acuerdo con sus competencias, pues se requiere armonizar la normatividad en este campo, con base en los instrumentos internacionales y aplicarla bajo criterios que garanticen la seguridad de los internos y las condiciones de vida al interior de los centros.
Refirió que medidas como las anunciadas en febrero pasado por el Ejecutivo Federal, tendentes a consolidar los registros de información penitenciaria, a revisar los protocolos y procesos aplicables a este ámbito, con base en las mejores prácticas internacionales, así como a crear y operar una instancia específica de atención y seguimiento, pueden incidir favorablemente en la situación que se enfrenta, siempre y cuando se articulen, operen y rindan resultados con oportunidad, pertinencia y eficacia que este caso amerita.
En cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias a los internos, existen deficiencias en el respeto del derecho de audiencia, la certificación de integridad física, la falta de notificación al interno y sus familiares, así como de atención adecuada por parte de las áreas técnicas y del servicio médico del centro, durante el cumplimiento de la sanción, situación reportada en 58 de los centros visitados.
Por lo que hace a centros federales, en 16 de ellos se observó insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15 casos, deficiencias en los programas para prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales y de capacitación, y en 11, es nula la clasificación entre procesados y sentenciados, advirtiéndose en 8 casos hacinamiento.
En su oportunidad, la tercera visitadora general, Ruth Villanueva Castilleja, abundó sobre la metodología para la elaboración del DNSP 2015.
Dijo que el DNSP 2015 se realiza mediante recorridos de supervisión, acompañados por las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, con la aplicación de guías específicas y entrevistas directas -a titulares, funcionarios e internos-, en las cuales se abordan y analizan cinco temas: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno, y grupos de internos con requerimientos específicos.
Villanueva Castilleja destacó que el Diagnóstico 2015 permite visibilizar las condiciones de reclusión, las necesidades existentes en los centros penitenciarios, las carencias legislativas y las posibilidades de fortalecer un sistema de respeto por los derechos humanos permanente, donde la privación de la libertad se humanice y permita la prevención del delito y la reinserción efectiva del sentenciado
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