En los diagnósticos, elaborados por alcaldías y el Gobierno federal con el apoyo de universidades, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, organizaciones civiles y el Instituto Nacional de Administración Pública, señalan que 21 Localidades en el País son potencialmente vulnerables a la violencia.
De tal manera que se analiza la situación demográfica de las familias, el nivel de cohesión social, los servicios de salud, cultura y deporte, las condiciones de trabajo, así como la distribución de la riqueza, entre otros.
Enrique Betancourt, titular del centro que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que dichos puntos fueron ubicados tras elaborar 237 mapas de riesgo o diagnósticos en los municipios y delegaciones beneficiados con el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun).
Los centros poblacionales fueron divididos en cuatro niveles, de acuerdo con el potencial criminal que registran las zonas más susceptibles, como lo son: Aguascalientes, Mexicali, Tijuana, Ensenada, Ciudad Juárez, Chihuahua, Saltillo, Iztapalapa, León, Acapulco, Guadalajara, Zapopan, Morelia, Puebla, Querétaro, Cancún, San Luis Potosí, Culiacán, Hermosillo, Reynosa y Mérida.
Otras 11 localidades están en el nivel 2; 33 en el 3, y 161 más, en el 4. Sólo en 11 casos no se detectó que hubiera el riesgo criminal señalado.
Los diagnósticos, elaborados por los gobiernos locales junto con universidades estatales, organizaciones civiles y el Instituto Nacional de Administración Pública detectaron situaciones económicas, sociales, culturales y ambientales que contribuyen a la violencia.
Sin embargo, Betancourt aclaró que los municipios y delegaciones seleccionados pueden no registrar los más altos índices delincuenciales, pero sí reportan bajo nivel educativo, ausencia de infraestructura urbana, modelos policiacos decadentes y relaciones familiares violentas.
Por ejemplo, en Aguascalientes se detectó que el crecimiento desordenado de su zona metropolitana puede ser detonante de violencia si no se cubren requerimientos mínimos en materia de equipamiento, ambiente, servicios y espacios para la recreación y la convivencia.
También se menciona el caso de ciudades con altos índices de delitos: en Juárez advirtieron que el fenómeno migratorio ha contribuido a la violencia ya que el esquema de contratación de las maquiladoras provocó una ruptura en la organización familiar.
Por ejemplo, en Tijuana, Baja California, el panorama de la educación es un factor de riesgo, pues alrededor del 80 por ciento de la población de entre 19 y 23 años no cursa ningún grado escolar, ya sea por falta de recursos, porque a los jóvenes no les gustó estudiar, tenían que trabajar o debido a que sus familiares no los dejaron, refiere el diagnóstico.
Además, señala, el incremento de la violencia en las zonas aledañas a los planteles educativos, perturba y angustia a los estudiantes, lo que afecta el rendimiento escolar y la función social de la institución. Asimismo, la violencia familiar daña a los niños, quienes adoptan conductas depresivas, tienen bajo rendimiento y son violentos con sus compañeros y maestros.
En Ciudad Juárez se detectó que el fenómeno migratorio contribuye a la violencia, pues el municipio recibe tres cuartas partes de las personas que arriban a Chihuahua.
Los migrantes, en su mayoría hombres, en edades productivas y reproductivas, con nivel de escolaridad bajo, indicaron, se convierten en una población vulnerable, pues se emplean en un sector de bajos salarios y contrataciones insuficientes y en desventaja.
"Los cambios observados en la estructura, así como la organización del trabajo y la vida doméstica, incluyendo el insuficiente desarrollo de los servicios del Estado, han generado en Ciudad Juárez condiciones poco propicias para el desarrollo armónico y saludable de los seres humanos", revela el estudio.
Mientras que en la Zona Metropolitana de Aguascalientes, observaron que las carencias económicas aunadas al hacinamiento, así como la falta de parques y otros lugares para el esparcimiento, ofrecen un caldo de cultivo que propicia la falta de cuidados entre quienes integran las familias y degrada las relaciones familiares, vecinales y las áreas que se comparten.
"Las limitaciones de espacio se ven agravadas por las carencias económicas que exacerban las frustraciones de las personas creándoles barreras a sus aspiraciones y deseos que, por influencia de los medios, son significativamente altas", indica el documento.
La Zona Metropolitana de Guadalajara, actualmente una de las más violentas del País carece, según el diagnóstico, de un sistema policial responsable de velar por la prevención y disuasión del delito, lo que resulta en una especie de híbrido que no genera doctrina policial.
Al analizar el sistema de readaptación social se detectó que carece de infraestructura, además de que reportan sobrepoblación, hacinamiento y no cuentan con el personal capacitado para atender a los reclusos.
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