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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está a punto de verse sumido en un escándalo más, debido a que servidores y ex servidores públicos de este órgano judicial que fueron sancionados o removidos y desplazados de sus puestos a posiciones menores para dejar su lugar a personas impuestas por influyentismo político.
Ante esto los quejosos solicitan una cuidadosa y profunda investigación para conocer qué virtudes, talentos o experiencia profesional poseían los nuevos servidos públicos favorecidos.
Y es que las sorpresas con que estos desplazados del poder se han topado son increíbles pues, al parecer, los nuevos servidores públicos acarreaban en su historial laboral no investigado, destituciones de puestos públicos anteriores por su mediocre desempeño, sanciones y hasta exámenes de polígrafo reprobados por consumo de estupefacientes que esos funcionarios han pretendido ocultar dolosamente cuando se les requiere vía transparencia su historial laboral.
Lo que es más grave, es que estos servidos públicos con total desfachatez se han incrustado, gracias a la tolerancia de sus superiores, en posiciones delicadísimas y estratégicas del Tribunal Electoral como la Contraloría Interna, a cargo de José Izcóatl Bautista Bello.
A decir de los afectados, el contralor ha protegido, entre otros funcionarios a la actual titular de la unidad de auditoría interna, Fabiola Acenet Rojas Rodríguez, antes encargada de la unidad de responsabilidades.
Detallaron que esta funcionaria, tiene en su contra una denuncia administrativa por ocultar información de su pasado laboral cuando por transparencia le fue requerida. También se sabe que a la señora Rojas Rodríguez le fue solicitada su renuncia en la Secretaria de Seguridad Pública por haber reprobado el polígrafo.
Lo anterior es visto como un verdadero insulto por los funcionarios de la propia dependencia, someterse a ser investigados por personas, como la anterior servidora pública, que carecen de las calidades profesionales y éticas para encauzar administrativamente y sancionar a sus colegas.
Trascendió que el asunto "reventará" con evidencias y documentales públicas justo en medio del proceso electoral e involucra a las más altas instancias del Tribunal como el propio Presidente del mismo, José Alejandro Luna Ramos, el que también ha brindado protección al hijo del defenestrado ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Omar Patiño
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