Por: Enrique G. Hernádez
Alejandra Sota, vocera del gobierno federal dijo que Joaquín Vargas, presidente del consejo de administración de MVS, de recurrir al "chantaje político" al no querer pagar la cantidad que se solicita por la contraprestación de la banda 2.5 GHz, luego de que el empresario presentó mensajes de texto y correos electrónicos con supuestos diálogos que sostuvo con Sota y con el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, en los cuales se abordó el tema de la contraprestación de la banda 2.5 GHz.
Acompañada por el Secretario de Comunicaciones y Transportes Dionisio Pérez Jacome, la funcionaria federal ofreció conferencia de prensa en la Secretaria de Gobernación, en donde dijo que no fue un "berrinche presidencial", y que las acusaciones de Vargas acusaciones carecen de sustento ya que sólo buscan contaminar una decisión que es meramente técnica.
Por la mañana Joaquín Vargas sostuvo que el gobierno federal condicionó su aval al proyecto de banda 2.5 GHz, a cambio de que Carmen Aristegui ofreciera una disculpa pública por los comentarios realizados sobre el presidente Felipe Calderón, en los espacios de la televisora.
Horas después, Sota salió a decir que dichas pruebas son un "chantaje político" de MVS y que el empresario debe pagar "lo que cuesta, lo establecido por las autoridades", al tiempo que desmintió que hayan pedido la renuncia de Carmen Aristegui, "nunca se realizaron presiones fue la propia directiva de MVS en la que tomó la decisión".
Sota dio a conocer que el presidente de MVS, Joaquín Vargas, fue quien se dijo apenado con el Presidente señalando que estaba por pedir a la conductora una disculpa por haber violado un código de ética interno que había firmado la periodista.
Por ello, explica, redactó una carta para desagraviar lo dicho por Aristegui. "Me pidió la opinión, pero la redacción final fue entregada a la periodista, por lo que es su responsabilidad y de MVS esa redacción de terminar la relación laboral y de contratarla unos días después".
Y agrego: "jamás hubo presión de la presidencia para correrla ni para que regresara, el cese de la señora Aristegui fue decisión exclusiva del señor Vargas, no a solicitud del gobierno federal o por berrinche presidencial".
Señaló que es inaceptable que Vargas pretenda acusar al gobierno federal de haber intentado acallar la voz de la periodista Carmen Aristegui, cuando fue una decisión exclusiva de MVS, como forma para presionar que no le fuera retirada la concesión de esa frecuencia.
Acusó que MVS no quiere pagar por un bien que le pertenece a los mexicanos y es la banda 2.5 GHz que tiene un valor de 27 mil millones de pesos, por lo que dijo, Vargas es quien atenta contra la libertad de expresión de sus comunicadores y no el gobierno federal.
Acompañada por el titular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, Sota defendió que bajo el mandato del Presidente Calderón miles de voces se expresan libremente, mientras que "es Joaquín Vargas y no el gobierno federal quien atenta contra la libertad de expresión de sus comunicadores".
La vocera del gobierno federal se defendió de lo expresado por Joaquín Vargas quien presentó pruebas de cómo el gobierno federal lo presionó para que la periodista Carmen Aristegui se disculpara de manera pública con el presidente Felipe Calderón por haber cuestionado sus presuntos problemas de alcoholismo, y cómo el Ejecutivo condicionó la respuesta de la comunicadora a permitir que MVS conservara el espectro que tiene en la banda de 2.5 Gigahercios (GHz).
El empresario ofreció copias de correos electrónicos y chats de BlackBerry certificados por notario público, en los que se revelan conversaciones con la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota y el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano que en distintos escenarios y tono le exigieron disculpas para el presidente Calderón y su familia.
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