Por: Noel F. Alvarado.
Al participar en el Curso La Relación entre el Lavado de Dinero y Extinción de dominio, el consejero de la Judicatura Federal, César Esquinca Muñoa, afirmó que que para lograr con éxito los propósitos de la reforma constitucional penal, es necesario avanzar en la transformación de todas las instituciones que tienen que ver con el problema de la delincuencia, particularmente a nivel federal.
Al inaugurar el curso La relación entre el lavado de dinero y extinción de dominio, Esquinca Muñoa destacó que la reforma constitucional penal no significa un cambio solamente del procedimiento, sino que es un cambio de toda una cultura del pueblo mexicano.
En el evento, de carácter privado, organizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, el Consejero señaló que eso significa que se tiene que empezar con la modificación de los sistemas de investigación "pues, sin duda alguna, si no se tiene una policía científica y sistemas modernos de investigación del delito no se va a lograr avanzar".
Resaltó que en este cambio se tiene que incluir a la fiscalía, ya que se requiere una Procuraduría totalmente autónoma, "que la aleje del señalamiento que siempre ha tenido de ser una parte del Ejecutivo, que responde, muchas veces, a intereses políticos y no con los que tienen que ver, estrictamente, con su función".
Para el presidente de la Comisión de Carrera Judicial del CJF, Esquinca Muñoa, también es necesario transformar a los tribunales y juzgados, con una nueva visión y conocimiento universal del problema penal, "tenemos que ver más allá del contenido de nuestros códigos y leyes".
Es por ello, dijo, que para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha sido motivo de preocupación y de grandes esfuerzos la capacitación de los jueces, magistrados, secretarios y del personal que realiza funciones jurisdiccionales. Mencionó que los jueces y magistrados federales han participado en diversos cursos, en los cuales se han estudiado los sistemas de Estados Unidos, Colombia, Chile y Costa Rica.
En estos esfuerzos –dijo-, se ha olvidado el papel de la defensa, que finalmente en el nuevo procedimiento penal, los grandes actores son el ministerio público y el defensor, "sin que esto quiera decir, desde luego, que no sea transcendente la intervención del juzgador".
Hizo hincapié en que si este sistema de capacitación no se lleva a todos estos ámbitos, en la policía, en la fiscalía, el juzgador, en la defensa, no se va a obtener el éxito que se desea. Advirtió que también se tiene que avanzar en los sistemas penitenciarios, que finalmente es con lo que se cierra este círculo vicioso en el que está inmerso México.
"Es indudable que no tenemos sistemas penitenciarios adecuados, es indudable que no hay reinserción o readaptación social, es indudable que quien delinque después es repudiado por la sociedad". Indicó que a 4 años de la reforma, la cual estableció lineamientos muy importantes en la materia, no ha sido posible aterrizar ésta por la falta de la ley adjetiva.
Mencionó que el sistema adversarial oral no es ajeno al actual procedimiento penal mexicano, el cual es mixto, pues la oralidad se tiene en las audiencias, "lo que sucede es que este crecimiento explosivo del fenómeno delincuencial prácticamente impide que los jueces puedan estar presentes en todas las audiencias, como está previsto en el código de procedimientos penales".
"Tenemos grandes esperanzas que este nuevo procedimiento marque un hito en la historia penal en México. Es indudable que lo necesitamos y para eso nos estamos preparando", dijo. Subrayó que las operaciones con recursos de procedencia ilícita es el punto más importante del flagelo internacional en que se ha convertido la delincuencia organizada. "Son precisamente los aspectos financieros de la delincuencia los que, dicen los expertos, hay que combatir y abatir", expresó de manera enfática.
Publicar un comentario