La iniciativa fue presentada por el entonces senador José Murillo Karam el 31 de marzo del 2009, y aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores el 9 de diciembre de 2010; posteriormente fue remitida a la Cámara de Diputados y el 28 de marzo de 2012 fue aprobada con modificaciones, por lo que fue devuelta al Senado de la República. El 25 de abril de 2012 la colegisladora aprobó el dictamen correspondiente y fue turnada nuevamente a la Cámara de Diputados.
La presidenta de la Comisión, la diputada Claudia Delgadillo, indicó que con la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, se establecen sistemas integrales de justicia para aquellos individuos entre 12 y 18 años de edad que incurran en delitos, a fin de que cumplan con la rehabilitación y la asistencia social correspondientes, con total respeto a sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
Indicó que se aplican medidas alternativas y preventivas, órganos especializados como son los jueces de distrito, ministerios públicos y centros especializado, de tal forma que las medidas que se tomen al sancionar a un adolescente estén dirigidas a reintegrarlo al núcleo familiar y social.
La legisladora señaló que el próximo martes se recibirá observaciones de los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez sobre los artículos a discusión, que son el 72, 113, 127 y 179.
Indicó que este dictamen tiene por objeto la creación del Sistema de Justicia para Adolescentes, el cual incluye a los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías, previstos en la Constitución, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en los tratados internacionales.
El dictamen contempla la presunción de inocencia, considerando que toda persona tiene derecho a ser estimada como no responsable hasta que se demuestre lo contrario; certeza jurídica, determina que las conductas atribuidas a los adolescentes deben encontrarse previstas en las leyes federales; Mínima intervención, adopción de medidas para tratar a los adolescentes o adultos jóvenes sin recurrir a procedimientos judiciales.
Asimismo, se establece que previo al sometimiento del adolescente, deberá privilegiarse la aplicación de medidas preventivas o alternativas; garantiza que los procesos en los que están involucrados adolescentes se realicen sin demora y con la menor duración posible; la posibilidad de suspender el proceso en cualquier momento en beneficio del adolescente.
De esta forma, indicó la legisladora Claudia Delgadillo, se estaría cumpliendo con la obligación constitucional de aplicar medidas de orientación, protección y tratamiento del adolescente.
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