Armando Maceda
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra del Estado de Mexicano por presuntas violaciones a los derechos constitucionales al no garantizar un proceso electoral de julio pasado equitativo y una elección auténtica y libre, respecto al exceso de recursos que metió el PRI a las campañas.
Los diputados Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde y Ricardo Mejía, señalaron que la denuncia es para demostrar la inexistencia de un sistema normativo integral en el estado Mexicano que haga viable sobre la nulidad o invalidez de la elección de Presidente, cuando candidatos, partidos o coaliciones vulneran gravemente las disposiciones constitucionales y legales con el financiamiento para sus gastos de campaña.
"La denuncia "tiene por objeto demostrar ante organismos internacionales que se violaron, bueno, primero se violó la Constitución dado que no hubieron elecciones ni auténticas ni libres, hubo también violaciones al pacto de San José, también llamado Convención Interamericana Derechos Humanos", se quejó Ricardo Monreal.
Aseguraron que van demostrar con esta denuncia que el Estado mexicano, de manera integral cometió estas violaciones, y ahí en la demanda precisan de qué manera es la responsabilidad integral atribuible, no solamente al IFE o a las autoridades encargadas de la organización comicial, sino también a las autoridades judiciales y jurisdiccionales que, dijo, no actuaron a la altura de las circunstancias y también a las autoridades legislativas.
Monreal detalló que enviaron una caja completa de pruebas, pero también destacan la parcialidad y la falta de independencia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde dos magistrados Alanís Figueroa y el presidente, el propio presidente, el magistrado Luna Ramos, debieron haberse excusado de conocer los asuntos, de acuerdo con la ley.
Indicó que no se atendieron debidamente los temas de los recursos de las transferencias de los recursos depositados en tarjetas de débito de banco Monex, así como la indebida utilización de encuestas y sondeos de opinión para influir en el electorado.
Señaló que entre los aspectos como probados dentro del juicio, fueron las 7 mil 851 tarjeta de prepago que fueron contratadas entre el PRI y Alkino Servicios, mismas que se distribuyeran en 31 estados y el DF, y el mismo PRI reconoció el reparto en sus enlaces territoriales.
Sin embargo, aseguran que el esquema normativo demostró absoluta insuficiencias para hacer viable el planteamiento de nulidad de la elección presidencial de Enrique peña Nieto con motivo de violaciones de carácter grave al financiamiento de los partidos políticos.
Ricardo Monreal precisó que la denuncia es de ciudadanos y del movimiento, la primera de dos que se interpondrán en el organismo internacional. La segunda será en la próxima semana por los partidos de la coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano quienes impulsaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.
"Es un documentó completo. Esta es una que como ciudadanos estamos presentando, donde autorizamos a recibir notificaciones e incluso a diputados abogados que formamos parte del grupo parlamentario", informó.
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