Para erradicar la violación de derechos humanos que genera la figura del arraigo, en particular la tortura, la diputada Aleida Alavez dijo que insistirá en que en el próximo periodo ordinario de sesiones se apruebe su iniciativa que propone erradicar esta modalidad del sistema judicial mexicano.
En entrevista la legisladora perredista explicó que el sistema de impartición de justicia se fortalecería con esta acción, porque obligaría al Ministerio Público a realizar con más minuciosidad su trabajo y evitaría que gente inocente sea procesada.
Dijo que busca impulsar investigaciones más efectivas, previas a la acusación o imputación de cargos contra cualquier persona, con estricto apego a los derechos de presunción de inocencia, libre tránsito, debido proceso legal, sobre todo de integridad personal asumida como una prisión preventiva sin ningún control legal y sobre la cual no procede ni siquiera el Amparo. Es decir, el arraigo se constituye como una herramienta legal para cometer actos ilegales.
Ello, explica la también vicepresidenta de la Mesa Directiva, porque el arraigo ha demostrado estadísticamente su ineficacia en la persecución del delito y su utilización abusiva ha abierto una puerta para la violación de los derechos humanos, en particular para la comisión de actos de tortura para obtener confesiones de los presuntos responsables de la comisión de algún delito.
Detalló que la labor de investigación del Ministerio Público no debe estar supeditada a la obtención de información mediante prácticas violatorias de los derechos humanos, por lo que la eliminación de este párrafo del artículo 16 Constitucional permitirá en el marco del nuevo sistema de justicia penal oral y adversarial, fortalecer las tareas científicas y periciales de investigación criminal, asegurando el mejoramiento de todo nuestro sistema de procuración e impartición de justicia.
Explicó que el uso desmedido de esta figura ha permitido que mientras las personas se encuentran bajo arraigo y el escrutinio del Ministerio Público, se les impongan tratos crueles, degradantes e inhumanos, tortura psicológica y amenazas diversas, con la finalidad de obtener una confesión auto inculpatoria o con la finalidad de obtener información relacionada con presuntas actividades delictivas.
Para apoyar su afirmación sobre la poca efectividad de esta figura, citó que en el Distrito Federal sólo 20.24 por ciento de los arraigos efectuados entre enero de 2008 y mayo de 2010 concluyeron con sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal facilitadas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.
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