La Policía Ministerial de la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes, detiene a conductores de autobuses y están desaparecido

viernes, 1 de marzo de 20130 comentarios

Por: Noel F. Alvarado
 

Cinco operadores de autobuses que trasladaron a manifestantes de Aguascalientes a la Ciudad de México para realizar una marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación, fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, en los momentos  en que  regresaban a ese estado y se encuentran como desaparecidos.

            Fue la tarde del pasado jueves -28 de febrero del presente año-, cuando los conductores de las cinco unidades detuvieron su marcha al ingresar a la Aguascalientes, luego de que un grupo de agentes de la Policía Ministerial del Estado les marcaron el alto. Ahí, fueron retenidos, subidos a unidades de la Procuraduría General de Justicia del Estado y trasladados a un lugar que hasta el momento se desconoce, por lo que se encuentran como desaparecidos.

            Ello, ocurrió en los momentos en que regresaban a Aguascalientes, después de trasladar a un grupo de personas a participar en una manifestación del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, donde denunciaron los abusos de autoridad, corrupción e impunidad en que incurren funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado y tras exigir la renuncia del procurador Felipe Muñoz Vázquez, por permitir prácticas de tortura.

Durante la marcha, denunciaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), investiga 260 quejas presentadas por personas que han sido víctimas de la corrupción, impunidad, tortura, desaparecidos y otros delitos en los que han venido incurriendo autoridades policiacas del Estado de Aguascalientes.

Ahí, acusaron al procurador de Justicia de la entidad federativa, Felipe Muñoz Vázquez, de permitir a la Policía Ministerial a que incurran en la práctica de tortura para obligar a inocentes a declararse culpables de delitos del fuero común y federal.

Debido a ello, los actos de corrupción e impunidad que se registran de manera constante en el Estado de Aguascalientes obligó a organizaciones sociales -como "Yo soy 132"-, de Derechos Humanos y de familias -que han sido víctimas de la delincuencia en ese estado-, a realizar la manifestación y marcha del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Gobernación, donde exigieron al encargado de la política interior del país a intervenir para acabar con los abusos de autoridad, tras denunciar que la policía ministerial estatal, fabrica pruebas y evidencias para acusar a inocentes con el crimen organizado.

Luego de darse a conocer la lista oficial de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil, padres de familia e integrantes del movimiento "Yo soy 132" del Estado de Aguascalientes, pidieron a la Secretaria de Gobernación y a la Procuraduría General de la República (PGR), incluyan en la lista los nombres de sus familiares que en los últimos meses han desaparecido en la entidad a manos de la procuraduría del Estado, y responsabilizan al procurador Felipe Muñoz Vázquez de esta situación, así como de actos de tortura, corrupción e impunidad.

Los inconformes, se trasladaron a la ciudad de México donde pidieron al secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong su intervención, a fin de que cesen los abusos de autoridad, corrupción e impunidad en Aguascalientes, por ello, han iniciado marchas y plantones en la capital del país, donde han expuesto los casos de varios jóvenes que fueron detenidos por elementos de la procuraduría del Estado, y que continúan como desaparecidos.

Debido a ello, Exigen la destitución del procurador de la entidad Felipe Muñoz Vázquez,  (quien en el pasado, se desempeñó como Subprocurador de la PGR) por presuntos actos de tortura y abuso de autoridad.

José Ángel Alvarado y su esposa Martha Moreno, señalaron que su hijo José Alberto fue detenido por la Policía Ministerial el pasado 26 de junio y actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.Indicaron que durante los 30 que estuvo sujeto a la medida cautelar de arraigo fue torturado y obligado a declararse culpable del delito de secuestro.

"Se lo llevaron a la casa de su esposa y ahí sacaron varias cosas sacaron zapatos de la esposa, aparatos de los niños y los 28 días que estuvo en la casa de arraigo me tocó ver que lo llevaban todo golpeado, lo bajaban de la camioneta y dicen que lo llevaban amarrado en la camioneta, le ponían bolsas y le pegaban en la cabeza", afirmó.
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