PIDEN A PGR Y CFE FRENAR CRIMINALIZACIÓN A DEUDORES DE ENERGÍA

La legisladora Claudia Elizabeth Bojórquez presentó ante la Comisión
de Energía de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo de urgente y
obvia resolución donde se exige a la Procuraduría General de la
República (PGR) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el cese
a la criminalización de usuarios de los servicios federales de
energía.

La secretaria de la Comisión de Energía argumentó que los costos de la
energía eléctrica no son adecuados, principalmente para las familias
más pobres que se ven en la necesidad de escoger entre cubrir las
necesidades más elementales o el pago de tarifas.

Expuso la diputada del PRD que en el 2011 los precios de los
energéticos y tarifas autorizadas aumentaron 4.68% ante el fin de los
subsidios a la energía eléctrica en 10 ciudades del país; mientras que
en el 2012 aumentaron 22.29%, según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

En el 2011, la Auditoría Superior de la Federación determinó que
debido a los criterios mal aplicados de los subsidios al consumidor
por parte de la Secretaría de Hacienda, el daño causado al erario fue
de 62 mil 77 millones 626 mil pesos. Asimismo, determinó que la
política de subsidios otorgados a las tarifas eléctricas se concentró
en la población de mayores ingresos.

En el documento, Bojórquez Javier señaló que entre los años 2008 a
2010, de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México hubo un incremento
de 48.8 a 52.0 millones de pobres, agravándose la situación de extrema
pobreza y discriminación entre las comunidades con mayor población
indígena, como son: Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

"Es precisamente en estos estados de la república, con características
de mayor pobreza y carencia de servicios básicos, además de otras
regiones que cuentan con características climatológicas particulares,
en donde se concentra la mayor cantidad de usuarias y usuarios de la
energía eléctrica que se ven imposibilitados de pagar el costo que
genera este servicio, sufriendo el corte de la luz, por ende, la
disminución de su calidad de vida" aseguró la legisladora.

En torno a esto, la representante de Macuspana, Tabasco, informó sobre
la situación la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas
tarifas de la Energía Eléctrica, integrada por aproximadamente 32,000
usuarios y usuarias de la CFE a nivel nacional y quienes han sido
recibidos en la Cámara de Diputados, han interpuesto ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y otros organismos quejas sobre amenazas
y hostigamiento por parte de la CFE ante la imposibilidad de pagar
altos cobros en el uso de la energía eléctrica.

Señalaron los quejosos que trabajadores de la Comisión Federal de
Electricidad visitan las casas de las y los usuarios con el fin de
entregarles oficios en donde se les requiere el pago de recibos de
cobros desproporcionados e injustificados que oscilan entre los 70 mil
pesos.

Finalmente, la legisladora aseguró que seguirán las mesas de trabajo
con las organizaciones civiles en contra de las altas tarifas
eléctricas, para impulsar las iniciativas pertinentes en el siguiente
periodo ordinario, donde la discusión en materia de energía, asegura,
será prioritaria.