Balarinas del Cadillac, se manifestarán en la CNDH, tras operativo

Por: Noel F. Alvarado.

Trabajadores y bailarinas del table dance Cadillac, se manifestarán este lunes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDF), donde denunciarán la violaciones a sus derechos humanos de los que fueron víctimas durante el operativo efectuado por las Policías Federal Ministerial e Investigadora. En tanto, 14 de de los trabajadores continúan bajo proceso penal por el delito de trata de personas relacionadas con explotación sexual.
Además, los trabajadores y bailarinas de ese antro, continuarán pidieron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, se investigue y se emita la recomendación a las procuradurías del DF y PGR, toda vez que -aseguran-, han aportado pruebas suficientes de las violaciones a sus derechos humanos durante el operativo de las policías federal Ministerial e Investigadora.
En tanto, como parte de las investigaciones en torno al operativo que realizo la Fiscalía Contra la Trata de Personas de la PGJDF  la noche del 28 de junio en el Cadillac y en la que supuestamente  fueron rescatadas de una presunta red de trata de personas unas 40 bailarinas y luego de que trascendiera que el negocio era propiedad de Alejandro Iglesias Rebollo, dueño de la discoteca Lobohombo, la fiscal Juana Camila Bautista, reconoció que la documentación está a nombre de una sociedad anónima denominada "Gastronómica Anzures".
De acuerdo con la escritura pública en poder del registro Público de la Propiedad y el Comercio del DF de fecha 29 de marzo de 2011 expedida por el Notario Público No. 3 del Distrito Federal licenciado Felipe Carrasco Zanini el Cadillac es operado por Gastronomia Total Garduño S.A. de C.V. cuyos dueños son Carlos Garduño Gonzalez y Juan Carlos Mercado Hernández.
Al respecto, la Delegación Cuahutémoc, como la Cámara de Comercio de la Ciudad de México,negaron que en la ciudad exista algún giro mercantil a nombre de Alejandro Iglesias Rebollo.
Durante la comparecencia de 4 empleadas del Cadillac ante el juzgado 19 penal con sede en el Reclusorio Oriente, éstas declararon que recibieron presiones para ratificar sus denuncias en contra de ese establecimiento, por parte de la titular del Ministerio Público adscrito a ese juzgado, Juana Patricia Ramos Olguín, quien les advirtió que de no hacerlo; de cualquier forma serían procesadas por el delito de falsedad de declaraciones judiciales.
Una de las comparecientes puso a disposición del juez su teléfono celular como prueba tras haber recibido un mensaje de amenaza para presionarla a que se abstuviera de declarar diciéndole que "las iban a detener".
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