Arturo R. Pansza
La Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, confirmó que el Presidente Enrique Peña concedió el indulto a la señora Esperanza Reyes Aguillón, quien tenía dos años en la cárcel y fue trasladada a las Islas Marías sentenciada a seis años de cárcel, por pagar sin saber con un billete falso de 100 pesos en una papelería.
Explicó que el Presidente Peña Nieto ordenó una revisión del proceso de la señora Reyes Aguillón, y se determinó que fuera liberada de inmediato, para que pueda reintegrarse a su hogar.
"La Comisión Dictaminadora que opera el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social determinó otorgarle el beneficio de libertad anticipada a Esperanza Reyes Aguillón y por eso hoy mismo la mujer estará libre", explicó en entrevista.
Esa funcionaria puntualizó que en días pasados habían transferido a Reyes Aguillón de las Islas Marías al Centro Estatal de Reinserción Social en San Luis Potosí, pero tras revisarse el proceso, fue liberada.
Añadió que este es un mensaje para todas las autoridades "que nos obliga a hacer sumamente cuidadosos en la procuración de justicia, en la impartición de justicia, que nos obliga además a juzgar desde una perspectiva de derechos humanos". Sin embargo, la subsecretaria admitió que así hay más de cien casos similares al de la señora Esperanza Reyes, de personas que en su ignorancia y pobreza pagaron con un billete falso, sin saberlo y están en la cárcel.
"Esto nos llevará seguramente a revisar casos que estén en la misma situación", dijo tras admitir el caso del comerciante de Ocotlán, David Herrera Martínez, que pagó un sombrero con un billete de 500 pesos y lo enviaron a un penal federal de máxima seguridad condenado a seis años de cárcel.
Así, ayer la Comisión Dictaminadora del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, aprobó por unanimidad el beneficio de libertad anticipada en favor de la señora Esperanza Reyes Aguillón.
En el año 2011, Esperanza Reyes Aguillón acudió a una papelería en una colonia popular de la ciudad de San Luis Potosí a comprar una libreta y pagó con un billete de cien pesos que resultó falso. La encargada de la tienda llamó a la policía, que ahí mismo la detuvo y la puso a disposición de las autoridades.
El juzgador determinó su responsabilidad y le dictó una condena de cinco años de prisión, por haber sido encontrada penalmente responsable del delito de uso de moneda falsificada.
Compurgó parte de su pena en las Islas Marías.
Fue a inicio del presente año, que Esperanza Reyes, a través de su representante legal, solicitó el beneficio de libertad anticipada al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
"Este tipo de acciones refrendan el compromiso del Ejecutivo Federal, con la justicia, con la verdad y la construcción de una política de Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, constituyen un llamado para todas las autoridades del Estado, a fin de verificar que sus determinaciones sean tomadas bajo la perspectiva de los derechos humanos", refirió la Secretaría de Gobernación.
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La Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, confirmó que el Presidente Enrique Peña concedió el indulto a la señora Esperanza Reyes Aguillón, quien tenía dos años en la cárcel y fue trasladada a las Islas Marías sentenciada a seis años de cárcel, por pagar sin saber con un billete falso de 100 pesos en una papelería.
Explicó que el Presidente Peña Nieto ordenó una revisión del proceso de la señora Reyes Aguillón, y se determinó que fuera liberada de inmediato, para que pueda reintegrarse a su hogar.
"La Comisión Dictaminadora que opera el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social determinó otorgarle el beneficio de libertad anticipada a Esperanza Reyes Aguillón y por eso hoy mismo la mujer estará libre", explicó en entrevista.
Esa funcionaria puntualizó que en días pasados habían transferido a Reyes Aguillón de las Islas Marías al Centro Estatal de Reinserción Social en San Luis Potosí, pero tras revisarse el proceso, fue liberada.
Añadió que este es un mensaje para todas las autoridades "que nos obliga a hacer sumamente cuidadosos en la procuración de justicia, en la impartición de justicia, que nos obliga además a juzgar desde una perspectiva de derechos humanos". Sin embargo, la subsecretaria admitió que así hay más de cien casos similares al de la señora Esperanza Reyes, de personas que en su ignorancia y pobreza pagaron con un billete falso, sin saberlo y están en la cárcel.
"Esto nos llevará seguramente a revisar casos que estén en la misma situación", dijo tras admitir el caso del comerciante de Ocotlán, David Herrera Martínez, que pagó un sombrero con un billete de 500 pesos y lo enviaron a un penal federal de máxima seguridad condenado a seis años de cárcel.
Así, ayer la Comisión Dictaminadora del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, aprobó por unanimidad el beneficio de libertad anticipada en favor de la señora Esperanza Reyes Aguillón.
En el año 2011, Esperanza Reyes Aguillón acudió a una papelería en una colonia popular de la ciudad de San Luis Potosí a comprar una libreta y pagó con un billete de cien pesos que resultó falso. La encargada de la tienda llamó a la policía, que ahí mismo la detuvo y la puso a disposición de las autoridades.
El juzgador determinó su responsabilidad y le dictó una condena de cinco años de prisión, por haber sido encontrada penalmente responsable del delito de uso de moneda falsificada.
Compurgó parte de su pena en las Islas Marías.
Fue a inicio del presente año, que Esperanza Reyes, a través de su representante legal, solicitó el beneficio de libertad anticipada al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
"Este tipo de acciones refrendan el compromiso del Ejecutivo Federal, con la justicia, con la verdad y la construcción de una política de Estado en materia de derechos humanos. Asimismo, constituyen un llamado para todas las autoridades del Estado, a fin de verificar que sus determinaciones sean tomadas bajo la perspectiva de los derechos humanos", refirió la Secretaría de Gobernación.
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