Patricia Carrasco
Tras el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pasado domingo por la noche, la directiva de la disidencia magisterial manifestó que el repliegue de su campamento se debió a presión empresarial y no a una demanda ciudadana, como justificó el gobierno de la ciudad de México.
Desde temprana hora la presencia de policías y granaderos fue muy notoria, no sólo en el circuito del Monumento a la República, sino en calles aledañas de la zona, en la Tabacalera y en la sede del Senado.
Asimismo, desmintieron al secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, de haber acordado replegar el plantón, como lo ha difundido.
"Con el desalojo de ayer, el gobierno de Miguel Angel Mancera fue el que rompió el diálogo. Ahora reforzaremos nuestra presencia en la ciudad de México y ejercerán su derecho constitucional a la libre manifestación".
En el repliegue del campamento, precisaron, resultaron golpeados seis maestros, ninguno de gravedad; no se detuvo a nadie, y apuntaron que perdieron medicamentos, ropa nueva que les habían regalado, objetos personales y despensa.
En una conferencia de prensa, en las instalaciones del SME, Juan José Ortega Madrigal, Rubén Núñez Ginés, Francisco Bravo Herrera, Daniel López Castellanos y Zen Yatzen afirmaron que pese a este desalojo, al cual calificaron como un agravio y una traición, se mantendrán en lucha y que su organización está más fortalecida que nunca.
La protesta magisterial continuará "y mantendremos el plantón en el Monumento a la Revolución, en las pocas carpas que quedaron en el lado poniente de dicha plaza pública".
Los líderes magisteriales resaltaron que mantendrán su resistencia civil y pacífica contra la reforma educativa.
"No renunciaremos a nuestro derecho a manifestarnos. Esta protesta se ha criminalizado a pesar que se dejó el espacio para el libre tránsito y no impidió el acceso al museo ni al mirador".
Ahí, Juan José Ortega Madrigal, destacó que la administración de Miguel Angel Mancera actuó también ante exigencias de la clase política en el poder, como diputados y senadores.
A la fecha, añadió, ni el GDF ni la Federación han realizado ningún tipo de encuesta o instrumento de opinión para conocer el punto de vista de la ciudadanía respecto a las manifestaciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Por lo que, agregó: "los datos que tenemos de lo que puede llamar el jefe de gobierno, el consenso social son los empresarios, la clase política en el poder, que son los que lo vienen obligando, probablemente, a este tipo de acciones, como Claudio X. González de Mexicanos Primero, algunos diputados y senadores que han exigido que se aplique toda la fuerza contra las manifestaciones en el gobierno del Distrito Federal".
Adelantaron que a partir de ayer se llevarán a cabo protestas en los 29 estados en donde tiene presencia la CNTE y reforzarán el plantón en la ciudad de México.
La estrategia de las próximas movilizaciones se discuten en la Asamblea Nacional Representativa que inició hace unos minutos en la sede de la Sección IX de la CNTE.
Ayer por la tarde, llevaron a cabo un acto de desagravio en dicha plaza pública y mantienen el acuerdo de llevar a cabo una movilización nacional el 17 de enero y del 14 al 16 de febrero en Congreso Nacional Extraordinario en Oaxaca.
Sobre las protestas de los comerciantes de la zona, Francisco Bravo, dirigente de la Sección IX, dijo: "lamentamos sus pérdidas, no es nuestra intención dañarlos, pero comprendan que está en riesgo la educación. Además el 45 por ciento de los centros de trabajo del sector educativo en la ciudad México son administrados por la iniciativa privada".
Francisco Bravo, secretario de la Sección IX del Distrito Federal, consideró que la opinión del gobierno local sobre el consenso social es ambigua y abstracta, pues busca validar el uso de la fuerza pública.
Tras el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el pasado domingo por la noche, la directiva de la disidencia magisterial manifestó que el repliegue de su campamento se debió a presión empresarial y no a una demanda ciudadana, como justificó el gobierno de la ciudad de México.
Desde temprana hora la presencia de policías y granaderos fue muy notoria, no sólo en el circuito del Monumento a la República, sino en calles aledañas de la zona, en la Tabacalera y en la sede del Senado.
Asimismo, desmintieron al secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, de haber acordado replegar el plantón, como lo ha difundido.
"Con el desalojo de ayer, el gobierno de Miguel Angel Mancera fue el que rompió el diálogo. Ahora reforzaremos nuestra presencia en la ciudad de México y ejercerán su derecho constitucional a la libre manifestación".
En el repliegue del campamento, precisaron, resultaron golpeados seis maestros, ninguno de gravedad; no se detuvo a nadie, y apuntaron que perdieron medicamentos, ropa nueva que les habían regalado, objetos personales y despensa.
En una conferencia de prensa, en las instalaciones del SME, Juan José Ortega Madrigal, Rubén Núñez Ginés, Francisco Bravo Herrera, Daniel López Castellanos y Zen Yatzen afirmaron que pese a este desalojo, al cual calificaron como un agravio y una traición, se mantendrán en lucha y que su organización está más fortalecida que nunca.
La protesta magisterial continuará "y mantendremos el plantón en el Monumento a la Revolución, en las pocas carpas que quedaron en el lado poniente de dicha plaza pública".
Los líderes magisteriales resaltaron que mantendrán su resistencia civil y pacífica contra la reforma educativa.
"No renunciaremos a nuestro derecho a manifestarnos. Esta protesta se ha criminalizado a pesar que se dejó el espacio para el libre tránsito y no impidió el acceso al museo ni al mirador".
Ahí, Juan José Ortega Madrigal, destacó que la administración de Miguel Angel Mancera actuó también ante exigencias de la clase política en el poder, como diputados y senadores.
A la fecha, añadió, ni el GDF ni la Federación han realizado ningún tipo de encuesta o instrumento de opinión para conocer el punto de vista de la ciudadanía respecto a las manifestaciones que realiza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Por lo que, agregó: "los datos que tenemos de lo que puede llamar el jefe de gobierno, el consenso social son los empresarios, la clase política en el poder, que son los que lo vienen obligando, probablemente, a este tipo de acciones, como Claudio X. González de Mexicanos Primero, algunos diputados y senadores que han exigido que se aplique toda la fuerza contra las manifestaciones en el gobierno del Distrito Federal".
Adelantaron que a partir de ayer se llevarán a cabo protestas en los 29 estados en donde tiene presencia la CNTE y reforzarán el plantón en la ciudad de México.
La estrategia de las próximas movilizaciones se discuten en la Asamblea Nacional Representativa que inició hace unos minutos en la sede de la Sección IX de la CNTE.
Ayer por la tarde, llevaron a cabo un acto de desagravio en dicha plaza pública y mantienen el acuerdo de llevar a cabo una movilización nacional el 17 de enero y del 14 al 16 de febrero en Congreso Nacional Extraordinario en Oaxaca.
Sobre las protestas de los comerciantes de la zona, Francisco Bravo, dirigente de la Sección IX, dijo: "lamentamos sus pérdidas, no es nuestra intención dañarlos, pero comprendan que está en riesgo la educación. Además el 45 por ciento de los centros de trabajo del sector educativo en la ciudad México son administrados por la iniciativa privada".
Francisco Bravo, secretario de la Sección IX del Distrito Federal, consideró que la opinión del gobierno local sobre el consenso social es ambigua y abstracta, pues busca validar el uso de la fuerza pública.
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