Arturo R. Pansza
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados reveló que en México hay un sistema de justicia discrecional, los ciudadanos no denuncian por temor a la corrupción de los funcionarios y más de 90 por ciento de los delitos queda impune.
Asimismo, no hay autoridad moral ni conocimientos en quienes deben procurar la justicia y, a los pobres e indígenas no se les respetan sus derechos humanos en general.
En este marco, el diputado federal perredista, Sebastián de la Rosa Peláez, presidente del Comité del CESOP, expuso que se comenzará un trabajo arduo de recopilación y sistematización de la información para que en los próximos meses, se elaboren iniciativas de ley que contribuyan a mejorar la situación que se vive en materia de inseguridad, de impunidad en los casos de delito y de falta de respeto a los derechos fundamentales, sobre todo de los que menos tienen y de las comunidades indígenas.
Al dar cuentas de las conclusiones del foro "Desarrollo Regional: Seguridad Pública, Impartición de Justicia y Derechos Humanos", efectuado por el CESOP en coordinación con el Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri" del Congreso de Guerrero, dio cuenta que se describió un panorama poco alentador en materia de seguridad pública, impartición de justicia y derechos humanos.
El legislador hizo el compromiso de llevar las cifras negativas del balance ante el gobierno federal y sus distintas instancias involucradas en los temas -Secretaría de Gobernación y Procuraduría General de la República-, así como ante los distintos órganos de la Cámara de Diputados, con el propósito de empezar a estructurar soluciones.
Precisó que los ciudadanos no tienen la garantía que al denunciar los delitos, no lo están haciendo ante un funcionario cómplice del delincuente; "necesitamos tener confianza en las instituciones".
Refirió que los recorridos que ha realizado por el Estado de Guerrero, "hay mucha gente que se me acerca cuando ha sido víctima de un delito, pero me ruegan para que no se denuncie, para que se arregle desde arriba y es tanto su temor que terminan por decirme: si no se puede, ahí la dejamos; pero no denuncian".
Mientras tanto, José Antonio Núñez Ochoa, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Anáhuac, indicó que hay grandes carencias en la procuración y administración de justicia, producto, entre otras cosas, de la desigualdad social que hay en un México con 50.000,000 de pobres y 11.000,000 de ellos en extrema pobreza.
marcos juridicos
A su vez, Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de la Verdad, sostuvo que además de los problemas de impartición de justicia que genera la desigualdad social, no se han armonizado los marcos jurídicos federal y estatales para procurar justicia y defender los derechos humanos, y eso deja en la impunidad muchos casos de violaciones.
Por lo que hace a seguridad pública, advirtió que la delincuencia ya amplió su radio de acción y ha diversificando sus actividades, pero no debe entenderse sólo como un fenómeno de delincuencia, sino como un flagelo para la población que está respondiendo; "las sociedades no se suicidan, generan sus propios anticuerpos; uno de ellos han sido las policías comunitarias como una forma de sobrevivencia".
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados reveló que en México hay un sistema de justicia discrecional, los ciudadanos no denuncian por temor a la corrupción de los funcionarios y más de 90 por ciento de los delitos queda impune.
Asimismo, no hay autoridad moral ni conocimientos en quienes deben procurar la justicia y, a los pobres e indígenas no se les respetan sus derechos humanos en general.
En este marco, el diputado federal perredista, Sebastián de la Rosa Peláez, presidente del Comité del CESOP, expuso que se comenzará un trabajo arduo de recopilación y sistematización de la información para que en los próximos meses, se elaboren iniciativas de ley que contribuyan a mejorar la situación que se vive en materia de inseguridad, de impunidad en los casos de delito y de falta de respeto a los derechos fundamentales, sobre todo de los que menos tienen y de las comunidades indígenas.
Al dar cuentas de las conclusiones del foro "Desarrollo Regional: Seguridad Pública, Impartición de Justicia y Derechos Humanos", efectuado por el CESOP en coordinación con el Instituto de Estudios Parlamentarios "Eduardo Neri" del Congreso de Guerrero, dio cuenta que se describió un panorama poco alentador en materia de seguridad pública, impartición de justicia y derechos humanos.
El legislador hizo el compromiso de llevar las cifras negativas del balance ante el gobierno federal y sus distintas instancias involucradas en los temas -Secretaría de Gobernación y Procuraduría General de la República-, así como ante los distintos órganos de la Cámara de Diputados, con el propósito de empezar a estructurar soluciones.
Precisó que los ciudadanos no tienen la garantía que al denunciar los delitos, no lo están haciendo ante un funcionario cómplice del delincuente; "necesitamos tener confianza en las instituciones".
Refirió que los recorridos que ha realizado por el Estado de Guerrero, "hay mucha gente que se me acerca cuando ha sido víctima de un delito, pero me ruegan para que no se denuncie, para que se arregle desde arriba y es tanto su temor que terminan por decirme: si no se puede, ahí la dejamos; pero no denuncian".
Mientras tanto, José Antonio Núñez Ochoa, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Anáhuac, indicó que hay grandes carencias en la procuración y administración de justicia, producto, entre otras cosas, de la desigualdad social que hay en un México con 50.000,000 de pobres y 11.000,000 de ellos en extrema pobreza.
marcos juridicos
A su vez, Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de la Verdad, sostuvo que además de los problemas de impartición de justicia que genera la desigualdad social, no se han armonizado los marcos jurídicos federal y estatales para procurar justicia y defender los derechos humanos, y eso deja en la impunidad muchos casos de violaciones.
Por lo que hace a seguridad pública, advirtió que la delincuencia ya amplió su radio de acción y ha diversificando sus actividades, pero no debe entenderse sólo como un fenómeno de delincuencia, sino como un flagelo para la población que está respondiendo; "las sociedades no se suicidan, generan sus propios anticuerpos; uno de ellos han sido las policías comunitarias como una forma de sobrevivencia".
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