Arturo R. Pansza
Se citará a comparecer en la Cámara de Diputados a funcionarios y exfuncionarios de la administración 2006-2012 y actual del Distrito Federal, con el objetivo de esclarecer las irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la ciudad de México.
El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o hayan Destinado a la Línea 12 del recinto deliberativo de San Lázaro, el priísta Marco Antonio Calzada Arroyo, sostuvo que lo más importante en este momento es saber cuándo se va a restablecer el servicio, cuya interrupción afecta negativamente la movilidad, los bolsillos y el tiempo de más de 430,000 usuarios en el oriente de la ciudad.
Refirió que los de la instancia legislativa están al tanto de las actuaciones de las autoridades encargadas en el nivel local de revisar y resolver los diversos aspectos que configuran la compleja problemática de la denominada Línea Dorada.
Una vez que en las últimas semanas se han realizado anuncios importantes sobre sanciones a los funcionarios responsables por las fallas que ocasionaron el cierre de la línea y el inicio de investigaciones de carácter penal contra funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades, expuso que los diputados darán una opinión objetiva sobre el asunto.
Detalló que los legisladores federales a partir de los trabajos de solicitud, recepción y revisión de la información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Contraloría General y Secretaría de Finanzas del gobierno local, están listos para profundizar en la indagación de los hallazgos que sugieren la existencia de posibles irregularidades o faltas graves de distinto tipo.
Los integrantes de la Comisión Especial acordaron reunirse en la presente semana para establecer un calendario de reuniones con funcionarios y exfuncionarios de la administración 2006-2012 y actual del Distrito Federal.
Se trata de establecer interlocución abierta, directa y pública con los titulares y extitulares de Finanzas, Obras Públicas, Contraloría del Distrito Federal y Proyecto Metro del Distrito Federal, para que respondan a cuestionamientos y aclaren las dudas que se desprenden del trabajo de análisis y seguimiento realizado por los legisladores. Para ello, se propone realizar una serie de reuniones el mismo día en horas diferentes.
Calzada Arroyo indicó que existen una serie de hallazgos que han merecido especial atención por parte de ese cuerpo legislativo, tales como el incremento de costo de estaciones que no modificaron su trazo, el pago injustificado por más de 675.000,000 de pesos por obra inducida de la que no se presentaron anteproyectos y las modificaciones con ventaja para el consorcio que van de 2 a 169 por ciento de sobreprecio.
Asimismo, los incrementos en los porcentajes de anticipos que van de 21 a 37 por ciento, el conflicto de interés por la relación familiar entre el director general del Proyecto Metro DF y uno de los directores generales de ICA, empresa integrante del consorcio constructor y áreas no ejecutadas conforme al proyecto ejecutivo en la estación Ermita, equivalentes a más de 32.000,000 de pesos.
También sanciones contra los responsables del pago de 119.000,000 de pesos por la certificación para iniciar operaciones, a pesar de los problemas de interfaz entre el riel y la rueda de los trenes.
No descartó que con las reuniones se avance en el propósito de sustentar una opinión objetiva sobre las posibles irregularidades cometidas, la aplicación correcta de los recursos federales destinados a ese sistema de transporte, en un necesario ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas, que cobra especial magnitud al considerar el grado de afectación que ha generado la suspensión del servicio en la Línea 12.
El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o hayan Destinado a la Línea 12 del recinto deliberativo de San Lázaro, el priísta Marco Antonio Calzada Arroyo, sostuvo que lo más importante en este momento es saber cuándo se va a restablecer el servicio, cuya interrupción afecta negativamente la movilidad, los bolsillos y el tiempo de más de 430,000 usuarios en el oriente de la ciudad.
Una vez que en las últimas semanas se han realizado anuncios importantes sobre sanciones a los funcionarios responsables por las fallas que ocasionaron el cierre de la línea y el inicio de investigaciones de carácter penal contra funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades, expuso que los diputados darán una opinión objetiva sobre el asunto.
Detalló que los legisladores federales a partir de los trabajos de solicitud, recepción y revisión de la información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Contraloría General y Secretaría de Finanzas del gobierno local, están listos para profundizar en la indagación de los hallazgos que sugieren la existencia de posibles irregularidades o faltas graves de distinto tipo.
Los integrantes de la Comisión Especial acordaron reunirse en la presente semana para establecer un calendario de reuniones con funcionarios y exfuncionarios de la administración 2006-2012 y actual del Distrito Federal.
Se trata de establecer interlocución abierta, directa y pública con los titulares y extitulares de Finanzas, Obras Públicas, Contraloría del Distrito Federal y Proyecto Metro del Distrito Federal, para que respondan a cuestionamientos y aclaren las dudas que se desprenden del trabajo de análisis y seguimiento realizado por los legisladores. Para ello, se propone realizar una serie de reuniones el mismo día en horas diferentes.
Calzada Arroyo indicó que existen una serie de hallazgos que han merecido especial atención por parte de ese cuerpo legislativo, tales como el incremento de costo de estaciones que no modificaron su trazo, el pago injustificado por más de 675.000,000 de pesos por obra inducida de la que no se presentaron anteproyectos y las modificaciones con ventaja para el consorcio que van de 2 a 169 por ciento de sobreprecio.
También sanciones contra los responsables del pago de 119.000,000 de pesos por la certificación para iniciar operaciones, a pesar de los problemas de interfaz entre el riel y la rueda de los trenes.
No descartó que con las reuniones se avance en el propósito de sustentar una opinión objetiva sobre las posibles irregularidades cometidas, la aplicación correcta de los recursos federales destinados a ese sistema de transporte, en un necesario ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas, que cobra especial magnitud al considerar el grado de afectación que ha generado la suspensión del servicio en la Línea 12.
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