Raúl Macías
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerció acción penal contra militares por el Caso Tlatlaya, en el Estado de México, donde fallecieron 22 civiles. Los elementos están bajo proceso en términos castrenses por desobediencia e infracción de deberes.
Los elementos "fueron puestos a disposición" del juzgado sexto militar e internados en la prisión adscrita a la Primera Región, en el Campo Militar No. 1-A, DF, un oficial y siete elementos de tropa.
Se trata de ocho elementos que están a disposición de los tribunales militares, de manera simultánea a la investigación civil, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Como se recordará, el pasado 30 de junio militares estuvieron involucrados en un operativo en el que fueron abatidos 22 civiles, presuntos criminales.
Dichos actos tuvieron lugar en Tlatlaya, Estado de México.
La justicia militar inició proceso contra los soldados acusados de desobediencia e infracción de deberes, esto "independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles", en la investigación iniciada por la PGR.
En el caso de la justicia militar no hay cargos relacionados con una "ejecución" masiva ni homicidio doloso.
La Procuraduría General de Justicia Militar detuvo a los elementos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, así como infracción de deberes en el caso del personal de tropa
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerció acción penal contra militares por el Caso Tlatlaya, en el Estado de México, donde fallecieron 22 civiles. Los elementos están bajo proceso en términos castrenses por desobediencia e infracción de deberes.
Los elementos "fueron puestos a disposición" del juzgado sexto militar e internados en la prisión adscrita a la Primera Región, en el Campo Militar No. 1-A, DF, un oficial y siete elementos de tropa.
Como se recordará, el pasado 30 de junio militares estuvieron involucrados en un operativo en el que fueron abatidos 22 civiles, presuntos criminales.
Dichos actos tuvieron lugar en Tlatlaya, Estado de México.
En el caso de la justicia militar no hay cargos relacionados con una "ejecución" masiva ni homicidio doloso.
La Procuraduría General de Justicia Militar detuvo a los elementos por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, así como infracción de deberes en el caso del personal de tropa
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