Genoveva Ortiz
El encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Alfonso Olivas Ugalde, reconoció que en el caso de Oceanografía sí hubo daño patrimonial a Petróleos Mexicanos (Pemex) -por el que se cobraron 525.000,000 de pesos.
El funcionario público se dijo convencido de que las inhabilitaciones y la sanción económica a las que se hizo acreedora la empresa Oceanografía están apegadas a derecho "y lo vamos a defender en los tribunales".
Por su parte, el senador Mario Delgado Carrillo, del Partido de la Revolución Democrática, manifestó a Olivas Ugalde que el titular del Organo Interno de Control de Pemex (OIC), Daniel Ramírez Ruiz, negó en reunión previa con la Comisión que hubiera existido dicho daño patrimonial.
Al respecto, el funcionario público aclaró que el OIC de Pemex se refería al asunto con Banamex, en el que no hubo daño patrimonial a Pemex, debido a que es una relación entre particulares. Agregó que no se determinaron responsabilidades porque se aplicaron las penas convencionales incluidas en los contratos.
De no haberse aplicado la sanción, sí se hubieran podido fincar responsabilidades, explicó. "Hemos actuado conforme a derecho y lo defenderemos a través de los juicios y recursos que tengamos a la mano".
Además, la senadora perredista Dolores Padierna Luna, cuestionó si el caso Oceanografía es importante por su cuantía o por la corrupción que existe en Pemex, al otorgar contratos a amigos privilegiados ¿qué hace la SFP para evitar la corrupción que daña al patrimonio público?
En tanto que el senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional, cuestionó acerca de las acciones que realizó la dependencia a raíz de las recomendaciones y observaciones derivadas de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), antes de que detonara el caso Oceanografía.
En su respuesta, el subsecretario Olivas Ugalde declaró que la SFP no tiene todas las facultades para combatir a la corrupción. Al respecto, pidió que cuando se aborde el tema del Sistema Nacional Anticorrupción se le otorgue a la dependencia facultades para pedir información en materia bursátil, de sistemas de ahorro para el retiro y de sociedades de ahorro y cooperativas, a fin de redondear las investigaciones.
Asimismo, es necesario que la Cámara de Diputados asigne más recursos a estados para que los Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio quedaran totalmente digitalizados, con el propósito de que se pudiera consultar las propiedades de cualquier persona desde cualquier lugar en esa base de datos.
Relativo a las revisiones de la ASF, detalló que se revisaron 14 contratos, que derivaron en recomendaciones y un pliego de observaciones.
En su exposición, Olivas Ugalde detalló que con relación a las fianzas presentadas por Oceanografía en montos menores, se procedió a aplicar procedimiento disciplinario a servidores públicos encargados de verificar que las fianzas cumplieran con lo pactado.
Se sancionó a Joel Bermúdez Castro, gerente de suministros y servicios administrativos para perforación y servicios a proyectos y Luis Ignacio García Mendoza, subgerente de seguimiento y control de contratos, quienes fueron destituidos e inhabilitados por un año; y el coordinador de contratos, José Juan Félix Arenas Muñoz y el coordinador especialista A, Erik Cabañas Ramírez, fueron destituidos e inhabilitados por seis meses.
Además, se investiga el aspecto patrimonial e intervención de funcionarios que participaron en su relación con Pemex y con Oceanografía.
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