*Un informe del organismo, de febrero y marzo de 2014, destaca que las presas son objeto de abuso, extorsiones y prostitución; viven hacinadas, con alimentación deficiente, falta de higiene y a merced de autogobierno que les exige cobros y demás pagos, entre otras anomalías
Patricia Carrasco
Las internas en las cárceles mexicanas son objeto de abuso, extorsiones, prostitución, viven hacinadas, con alimentación deficiente, falta de higiene, a merced de autogobierno que les exige cobros y otros pagos, presentan una inadecuada separación y clasificación, así como una aplicación discrecional de sanciones disciplinarias, revela un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se confirmó la falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; prohibición de estancia para los hijos de las internas en algunos casos; falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones.
Por ello, la CNDH emitió un Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión en el País, dirigido al Secretario de la Defensa Nacional, a los gobernadores de los estados, al jefe del gobierno del Distrito Federal y al comisionado nacional de Seguridad.
Lamentó que el sistema penitenciario de nuestro país no atiende en la gran mayoría de casos, de manera adecuada, los requerimientos específicos por razón de género señalados en la norma vigente, lo que trae como resultado que las graves carencias en materia de recursos humanos y materiales se acentúen en los centros de reclusión que alojan mujeres.
El promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14, encontrando el mayor número de ellas (21) en el Estado de Guerrero, en los centros regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.
El Estado mexicano al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.
El organismo externó que en el estudio se detallan distintas irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.
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