Alejandro Colón
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, calificó de preocupante e inaceptable la frecuencia e intensidad de los hechos violentos que se han registrado durante el proceso electoral.
Llamó a no permitir que la violencia sea la protagonista central de nuestra convivencia en los próximos años, ni que nuestra historia futura se manche de sangre.
"Fortalezcamos la vida y la cultura democrática de las que hoy gozamos, las cuales constituyen uno de nuestros patrimonios más valiosos como sociedad, y son un producto histórico del esfuerzo y sacrificio de muchos mexicanos", convocó.
Durante el XXV aniversario de la CNDH, en presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, González Pérez admitió que prácticas y conductas de las que conoció este organismo en 1990, desafortunadamente hoy se siguen presentando: la tortura, la desaparición forzada y los problemas relativos a las personas en condición de migrantes.
Estos agravios, indicó, obedecen a la presencia de organizaciones criminales.
Aclaró que el ombudsman no puede resolver todos los problemas sociales, ni remediar muchas de las inconformidades que tiene la sociedad respecto de la administración pública.
Sin embargo, dijo que en los asuntos de su competencia, México y los mexicanos "debemos tener certeza plena que se maximizarán los recursos y se sacará fuerza de las debilidades para que la verdad prevalezca, y la atención y el auxilio lleguen a quien ha sido víctima de algún agravio".
Reconoció que el conocimiento y respeto de los derechos humanos cuenta hoy con un entorno más propicio que hace 25 años, pero advirtió que si no se logra la vigencia plena de los mismos, se pone en riesgo la gobernabilidad y el sistema democrático.
Admitió que la Comisión Nacional no ha logrado evitar casos tales como los de Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Chalchihuapan o Tlatlaya. Pero sí ha logrado visibilizarlos, evitar que se olviden y procurar que no queden impunes.
"En ese mismo sentido, se conocen hechos como los sucedidos en Iguala, en Apatzingán, y más recientemente en Tanhuato, donde la demanda y necesidad de que se conozca la verdad, imponen la realización e investigaciones exhaustivas, imparciales, diligentes y objetivas", apuntó.
González Pérez indicó que como sociedad, no sólo debemos exigir a las autoridades que cumplan y respeten la ley. "Debemos empezar, también, por nosotros mismos; quienes observemos las normas, respetemos a nuestros semejantes y trabajemos día a día, por la grandeza de nuestra nación", convocó.
Y es que, mencionó, "de nada o de muy poco servirán los cambios institucionales y normativos que se emprendan si no somos capaces de generar un cambio cultural en cada miembro de nuestra sociedad, en la conciencia ética de cada mexicana y mexicano, a efecto de que asumamos la necesidad y conveniencia de cumplir la ley y sujetar sus actos a la misma, lo cual lleva implícito el respeto a los derechos fundamentales".
Lo anterior, al sentenciar el hecho de incumplir la ley buscando un beneficio personal en el corto plazo, ocasiona en el largo plazo un daño que supera al individuo, llega a la comunidad y acaba afectando a toda la sociedad.
"La violencia registrada en algunas zonas del país ha puesto en riesgo la vigencia de los derechos humanos y generado una alerta para quienes vemos por su protección y defensa.
"Su incremento y el de la descomposición social, ponen a prueba a las instituciones, incluida a la CNDH, y evidencian las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de las autoridades desde hace muchos años, así como la debilidad del estado de derecho en esas regiones", consideró.
Pero opinó que la respuesta que como Estado se dé a esta violencia, debe ir más allá de las acciones meramente reactivas. Hay que entender y remediar los factores que la generan, pidió.
Una prospectiva basada sólo en la reacción, advirtió lleva implícito el grave riesgo de que se avalen acciones autoritarias o alejadas de lo previsto por las normas, lo cual no podemos permitir ni como sociedad ni como país.
"No hay lugar para la indiferencia ni la insensibilidad. Los grados de violencia que se viven generan una nueva realidad a la que no nos debemos acostumbrar, y que nos demandan acciones responsables y compromisos inmediatos para ser atendida", alertó.
Y dijo que los riesgos y consecuencias de la violencia son sumamente graves. "Aún estamos a tiempo de revertir este proceso. Para ello, es preciso apostar no sólo a la vigencia de la ley, sino a la cultura y a la educación con sustento en los derechos humanos, que sirva para construir la paz", llamó
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