Por: Noel F. Alvarado
Con base a las acciones permanentes para combatir al delito de extorsión, elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina lograron asegurar a tres probables responsables beneficiarios de cuentas bancarias en las que fue depositado dinero por este flagelo, quienes fueron consignados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y Santa Martha Acatitla.
Las indagatorias de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, Fuerza Antisecuestro (FAS), dio como resultado la detención de Inocencio Joaquín Anaya, Montserrat Castillo Vizcaya y Soledad Virginia Castillo Vizcaya, el pasado 22 de marzo, en inmediaciones de la Delegación Coyoacán en cumplimiento a una orden ministerial de detención.
En el expediente se asienta que uno de los indiciados llamaba al domicilio de los agraviados, haciendo creer que tenían secuestrado a algún familiar, ordenándole no cortar o bloquear la comunicación en tanto que exigían el pago del rescate a través del modus "chillón"; al mismo tiempo, imita la voz de la supuesta víctima, logrando engañar a los afectados, quienes se veían obligados a depositar el dinero exigido.
En la mayoría de los casos una vez hecho el pago, los agraviados corroboraban que su pariente no había sido privado de la libertad.
En diciembre del 2014, la Fuerza Antisecuestro registró el primer evento extorsivo, cuando la agraviada, ante el temor que su consanguíneo no fuera liberado, depositó una parte del dinero que le exigían en una cuenta a nombre de Inocencio Joaquín Anaya.
Ese mismo mes y año, diversas víctimas se vieron obligadas a depositar dinero como supuesto rescate a nombre de Montserrat Castillo Vizcaya. Como referencia, en 2015, esta misma persona recibió en su cuenta un depósito como pago de una extorsión.
Derivado de esos eventos delictivos, las acciones desplegadas por el agente del Ministerio Público y la Policía de Investigación permitieron conocer la identidad de los imputados y su vinculación con dichos eventos, por lo que pudo sustentarse el mandamiento ministerial en su contra.
Aunado a lo anterior, consta en el expediente que Inocencio Joaquín Anaya recibió diversos depósitos de dinero producto de extorsión, vinculándolo con seis ilícitos más radicados en la FAS, con el mismo modus operandi.
Asimismo, trabajos de gabinete permitieron conocer que Soledad Virginia Castillo Vizcaya contaba con orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada, derivado de la consignación realizada por la Fuerza Antisecuestro.
En sus declaraciones, los inculpados Inocencio Joaquín Anaya y Montserrat Castillo Vizcaya coincidieron en referir que Soledad Virginia los convenció para que aperturaran una cuenta bancaria a su nombre y que recibían el 10 por ciento de la cantidad que les ordenaba retirar.
En el momento de su detención, ésta última portaba 11 tarjetas bancarias que resultaron ser auténticas, mismas que tramitó con identificaciones de personas a las que engañaba para recibir los depósitos producto de extorsión, según las instrucciones del interno Jesús Enrique Carrillo Zaragoza, preso en el Reclusorio Oriente.
Con estas acciones, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal en su contra por el delito de Extorsión Agravada en pandilla (llamada telefónica), ilícito contemplado en el Código Penal para esta Ciudad y por el que el podrían ser acreedores a pena privativa de libertad de seis a 21 años por cada evento; siendo trasladado el probable responsable al Reclusorio Preventivo Varonil Norte y Santa Martha Acatitla por lo que respecta a las femeninas.
Esta información se emite en términos del Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México.
Los presentados tienen el carácter de probables responsables, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional.
La Procuraduría General de Justicia capitalina refrenda su compromiso de combatir de manera frontal el delito de extorsión, y trabajar de manera profesional para evitar la impunidad, a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones, y alentar la cultura de la denuncia y la legalidad.
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