Noel F. Alvarado.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que el principal compromiso del Gobierno de la República es emplear todas las capacidades del Estado para garantizar que el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera El Chapo, no pretenda volver a evadir la acción de la justicia. "Lo hemos hecho con estricto apego a sus derechos fundamentales, haciendo uso de todas las herramientas que la ley nos permite. "El compromiso del Gobierno de la República es que este criminal sea castigado con todo el peso de la ley", afirmó.
Sales Heredia, subrayó que el "Gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen. No vamos a ceder ante especulaciones, cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia".
Y, textualmente , agregó: "no debemos olvidar tener presente siempre que Joaquín Guzmán Loera ha dañado profundamente a nuestra sociedad. Sus acciones, han causado la muerte de muchos mexicanos; ha envenenado a nuestros jóvenes y destruido a familias enteras. Les ha arrebatado un padre, una madre o un hermano. Son familias que merecen justicia y a quienes nos debemos en primera instancia".
El titular de la CNS, dijo que derivado de esas acciones, "el Estado ha empleado para fortalecer su resguardo. El Gobierno de la República advierte que existe por parte de la defensa de Joaquín Guzmán Loera y de algunas otras personas, una abierta estrategia mediática.
Prueba de ello son las más recientes declaraciones de quien dice ser su hija. Se trata de señalamientos que carecen de soporte probatorio, cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones, agregó, Renato Sales.
"Pero que quede claro: por lo que corresponde al Gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen. Los hechos así lo han demostrado, así lo demuestran. No vamos a ceder ante especulaciones, cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia", afirmó.
Y, resaltó, que no quede duda: en un país de leyes, como lo es México, toda acusación debidamente fundada ha de ser investigada y, en su caso, recibirá una sanción. Pero el Estado Mexicano no se va a prestar a chantajes ni a litigar en los medios lo que debe ser juzgado únicamente por los tribunales.
Explicó que la Constitución, en su artículo 18, señala que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, las autoridades competentes podrán imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en los Centros Federales de Readaptación Social.
Por su parte, el artículo 45 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, establece la restricción de comunicaciones de los inculpados y sentenciados, así como la imposición de medidas de vigilancia especial a dichos internos. Esto se confirma, además, en los protocolos vigentes para los Centros Federales de Readaptación Social, y en la ley que establece las bases de readaptación social de sentenciados.
Y, además, así fue reiterado recientemente por el Poder Judicial Federal, en resolución incidental recaída ante el juicio de Amparo promovido por la defensa de Joaquín Guzmán Loera. En el incidente de suspensión 298/2016-2, del índice de juzgado primero de distrito en materia de amparo, se lee:
"Ahora, en la especie, la aplicación del protocolo de seguridad, se debe a las medidas implementadas en el centro de su reclusión, las cuales son de orden público e interés social, pues la sociedad está interesada en que el orden y salvaguarda del referido centro de reclusión se mantengan, porque de lo contrario, podrían ponerse en peligro la tranquilidad e integridad de la colectividad.
"El Gobierno de la República seguirá trabajando, como lo hemos hecho durante estos tres años, para fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Para seguir llevando ante la justicia a todo aquel que lastime o pretenda lastimar a las y los mexicanos", reiteró el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
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