Por: Noel F. Alvarado.
La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), inició una investigación contra funcionarios y servidores públicos de la institución, luego de las acusaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), sobre las investigaciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el río San Juan del municipio de Cocula Guerrero. Entre los funcionarios que se encuentran bajo investigación de la PGR está el director en jefe fe la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Al respecto a la procuraduría general de la república dio a conocer que en relación con los hechos registrados el 28 de octubre de 2014, en las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, Guerrero, se abrió una investigación en la Visitaduría General a fin de aclarar los acontecimientos y en su caso fincar responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables.
Explica que con fecha 27 de abril del presente, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que en pleno ejercicio de sus atribuciones, proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la Institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes.
La Visitaduría General, como establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de la PGR, es el órgano de supervisión, inspección, fiscalización, evaluación técnico-jurídica y control de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la Institución en lo que se refiere a las funciones sustantivas que realizan, así como de investigación de los delitos en que eventualmente incurran.
Asimismo, se dio intervención al Órgano Interno de Control, para que en el ámbito de sus atribuciones determine si se incurrió en alguno de los supuestos de responsabilidad, previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ello, luego del cruce de los señalamientos entre el actuar de autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, por lo que la PGR -a cargo de la procuradora Arely Gómez González-, inició la investigación contra los servidores públicos de la PGR.
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