*. Exige el grupo de expertos tomar declaración a todos los funcionarios
Patricia Carrasco
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reiteró sus acusaciones contra el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sobre presuntas diligencias ilegales realizadas en el Río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes del hallazgo oficial de presuntos restos óseos pertenecientes a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Uno de sus integrantes Carlos Beristáin, expuso: "el GIEI considera graves las declaraciones de Zerón", agregó y convocó a hacer una investigación imparcial de los hechos, además de que "la Agencia de Investigación Criminal debe estar fuera de cualquier procedimiento de investigación para asegurar la imparcialidad de la misma". Por lo que pidió que "se tome declaraciones a todos los funcionarios".
Sostuvo que Zerón tergiversó la realidad al presentar la noche del miércoles, un video editado que se presta a confusiones, con el que busca evitar explicar por qué su presencia en el Río San Juan no está registrada en el expediente oficial del caso.
En una conferencia de prensa, los expertos que concluyen su mandato en el país mañana sábado 30 de abril, respondieron a Tomás Zerón, quien el miércoles dijo que su visita al Río San Juan el 28 de octubre de 2014 -que no consta en el expediente-, fue "legal y transparente".
Ahí, Carlos Beristáin precisó que el detenido Agustín García Reyes fue llevado al lugar, con signos de tortura.
Dijo que, en su video presentado el miércoles, Zerón "manipuló" la presencia de dos enviados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, quienes nunca estuvieron en el Río San Juan, sino que fueron invitados a recorrer el basurero de Cocula.
Argumentó que "el problema es la falta de documentación, el no seguimiento de protocolos en la recolección de evidencias", recalcó.
"Nadie puede investigarse a sí mismo", subrayó la exfiscal colombiana, Ángela Buitrago, en el Museo de Memoria y Tolerancia.
Cox especificó que los hechos, "reflejan un problema que sí tiene el sistema de investigación penal de este país, que es creer que se valida y se legaliza una actuación por mostrársela a los periodistas. La legalidad de un proceso penal está dada por seguir los protocolos que establece el código procesal penal. Ninguno de esos protocolos fue respetado en esta situación".
Los especialistas adelantaron que el viernes se reunirán con la Procuraduría General de la República "para explicarles las líneas de investigación que tenemos" y señalaron que antes de la presentación de su segundo informe había solicitado reunirse con las autoridades correspondientes para darles a conocer sus hallazgos
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