Ya indaga PGR al director de la Agencia de Investigación Criminal

viernes, 29 de abril de 20160 comentarios



Noel F. Alvarado 

La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra funcionarios y servidores públicos de la institución, luego de las acusaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las investigaciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el Río San Juan del municipio de Cocula, Guerrero. Entre los funcionarios que se encuentran bajo investigación de la PGR está el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Al respecto, la PGR dio a conocer que en relación con los hechos registrados el 28 de octubre de 2014, en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, se abrió una investigación en la Visitaduría General a fin de aclarar los acontecimientos y, en su caso, fincar responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables.

Explica que con fecha 27 de abril del presente, la Oficina de Investigación del Caso Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dio vista de este asunto a la Visitaduría General para que en pleno ejercicio de sus atribuciones proceda a investigar la actuación de los servidores públicos de la Institución en estos hechos y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes.

La Visitaduría General, como establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de la PGR, es el órgano de supervisión, inspección, fiscalización, evaluación técnico-jurídica y control de los agentes del ministerio público de la federación, de los agentes de la Policía Federal Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos, y de los demás servidores públicos de la institución, en lo que se refiere a las funciones sustantivas que realizan, así como de investigación de los delitos en que eventualmente incurran. 

Asimismo, se dio intervención al Órgano Interno de Control para que en el ámbito de sus atribuciones determine si se incurrió en alguno de los supuestos de responsabilidad, previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
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