Noel F. Alvarado.
Durante el Foro "Protección a Víctimas a causa del Secuestro", especializados juristas nacionales e internacionales de la UNAM e ITAM, dejaron en claro que no se puede hacer política desde la SCJN y que el ministro Arturo Zaldívar incurre en lo mismo que critica sobre el montaje, al publicar con anticipación su proyecto del caso Cassez. Además, se ventiló que un grupo de personas está derramando millones de dólares para favorecer a Florence Cassez sin importar que las víctimas solo derramen dolor.
Gabriel Reyes, penalista y catedrático de la UNAM y el ITAM, pidió quitarse de la cabeza que el caso Florence Casses, tiene que ver con una confrontación política o de tipo social. Se trata –dijo-, de una discusión jurídica que puede afectar todo el sistema jurídico mexicano. Consideró que en el caso de Cassez, no hubo violación al debido proceso ni se vulneró su capacidad de defensa, ya que fue escuchada en tres instancias judiciales; de hecho, criticó que la Suprema Corte, haya atraído el caso con argumentos "ridículos".
"El análisis que hace el ministro Zadívar, no es el que corresponde a una revisón extraordinaria y la consecuencia del derecho consular no tiene ninguna transcendencia al resultado de la sentencia. Se habla de que no sea manipulado el proceso. Está también en la legislación mexicana y es tan criticable el que haya habido un montaje como también criticable es que a través de la publicación de un proyecto, se induzca, manipule o sesgue a la opinión pública", expresó.
"Lo que ha dado muestra el ministro Zaldívar, es como ha incurrido en el mismo vicio que pretende castigar", dijo al considerar que la SCJN, está "pervirtiendo la figura de la revisión extraordinaria, lo cual podría traducirse en un síntoma de impunidad.
Al respecto, Juan de Dios Gutiérrez – catedrático en Derecho Internacional por la UNAM-, consideró que el proyecto del ministro Lelo de la Rea, está equivocado en cuanto a la convención de Viena y su relación consular. "no tengo nada contra el ministro, pero creo que ha sido muy mal asesorado".
Explicó que la notificación consular no es un derecho humano, ni un derecho del individuo, sino un derecho del Estado, en este caso del francés, quien debió intervenir directamente en el caso ante las instancias judiciales mexicanas para solicitar la aplicación de este principio internacional, previsto en el artículo 36 de la citada convención. "Cassez, no tiene el jus standi, el único que tiene facultad para hacer el reclamo de ese derecho (a la asistencia consular es el estando francés), dijo el especialista quien evidenció esta situación con base en la sentencia del caso Avena que ha sido citada en el proyecto de Zaldívar para tratar de justificar el sentido del proyecto que ordena la libertad absoluta e inmediata de Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro y portación de arma de fuego.
Eliaz Huerta, Catedrático de la UNAM y presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, consideró como un exceso jurídico que por la grabación del video y la recreación de la captura se considere que se ha corrompido todas las pruebas. El proyecto no toma en cuenta que hubo tres víctimas y el sufrimiento que estas padecieron y no se considera que no fue el MP, quien ofreció el video como prueba, sino que lo hizo la defensa de Cassez, con lo que además se demuestra que tuvo todo el acceso al debido proceso y al derecho de defensa.
En tanto, Samuel González, ex titular de la UEDO y representa de la ONU para temas de delincuencia organizada, aseguró que en torno a esta caso, ha habido un considerable derecho de recursos para garantizar que el proyecto del ministro sea aprobado. Dijo que el grave problema que tiene la defensa de Cassez, es que la francesa se ubica en todo momento, en tiempo, lugar y circunstancias de la comisión del delito de secuestro.
"Hay grupos que pretenden dar una interpretación sesgada y tendiente al ipergarantismo y han gastado millones y millones de dólares para poder pagar opiniones y de lado de las víctimas, solo está el dolor", afirmó.
En tanto, la presidenta de "Alto al Secuestro", Isabel Miranda de Wallace, expresó que las opiniones del presidente Felipe Calderón en las que llamó al sistema judicial a frenar la impunidad, en clara referencia al proyecto del ministro Zaldívar, es el reflejo de la indignación que percibe de las víctimas.
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